CIPOLLETTI (AC).- Ángela Peralta estuvo a punto de perder su vida y la de su bebé cuando en mayo de 2005 le aplicaron una dosis de hierro adulterado en el hospital de Cinco Saltos. Su causa tuvo repercusión nacional y llegó a tener cinco procesados. Pero desde ayer, volvió a foja cero.
La jueza Alejandra Berenguer sobreseyó al enfermero Juan Cativa, el único que había quedado con posibilidad de ir a juicio, tras la desvinculación de la directora, la farmacéutica y dos obstétricas. Tomó esta resolución luego que el fiscal José Rodríguez Chazarreta considerara que no "existían elementos de convicción suficientes" para mantener la acusación contra Cativa, quien estaba con procesamiento firme por el delito de lesiones culposas.
"Espero que se siga investigando, que no quede impune", dijo el enfermero, luego de expresar su satisfacción (ver aparte).
Berenguer dejó una puerta abierta para que el caso no se cierre. Dispuso que todo el material secuestrado (documental, medicación, etc.) sea remitido al fiscal porque entiende que de la investigación realizada "podrían surgir elementos propios de una investigación independiente". Lo emplazó para que en 30 días evalúe esta posibilidad.
La jueza sobreseyó a Cativa como último paso de una secuencia de medidas que fueron en contra de su parecer. Un tribunal de alzada desvinculó a la directora y a la farmacéutica (a quienes les había reprochado el delito de "tráfico culposo de medicamentos") y una reforma legislativa benefició a las obstétricas (que estaban procesadas por "violación a los deberes de funcionario público"). Ahora el fiscal se expidió "a favor de no sostener la imputación" del enfermero y tuvo que sobreseerlo.
"Sin perjuicio de mantener los fundamentos expuestos (...) en cuanto a la ocurrencia histórica del hecho enrostrado y a la autoría responsable por parte del nombrado (Cativa) cuyo accionar, junto con el de otros profesionales, han causado un daño en la salud de Ángela Beatriz Peralta", empezó diciendo Berenguer en el fallo, dando cuenta de su convencimiento.
Describió que la víctima sufrió un cuadro de hepatitis aguda, con riesgo de muerte, producto de la aplicación de la inyección de Yectafer Hierro 5% correspondiente al lote 03100718, "cuyo uso y aplicación se hallaba específicamente prohibido por el ANMAT INAME y el Ministerio de Salud de la provincia". Dijo que esto le ocasionó a Peralta (además del riesgo de muerte) el adelantamiento del
parto del bebé que estaba gestando, "corriendo asimismo serios riesgo de vida el infante por producirse su alumbramiento en forma prematura".
A Cativa lo acusaba de haber actuado en forma "negligente" y con "impericia en su profesión" por haber aplicado el medicamento "que debía previamente verificar". El lote del Yectafer que le suministró a Peralta, el 14 de mayo de 2005, estaba prohibido.
Tras recibir la dosis, la joven se descompuso y tuvo que ser internada. Fue derivada al hospital de Viedma y luego al Italiano de Buenos Aires. Le practicaron una cesárea de urgencia, estuvo en coma y a punto de recibir un trasplante hepático.
"Por fin se hizo justicia. Cativa era un chivo expiatorio", opinó Eves Tejeda, defensor del enfermero. Dijo que había "una carencia absoluta de pruebas" en contra de su cliente, quien por el contrario "fue quien le salvó la vida a la víctima porque no le aplicó toda la dosis de Yectafer cuando se descompensó".
Tejeda mostró su preocupación porque consideró que "no se investigó en profundidad para encontrar a los verdaderos responsables".
Berenguer, en su resolución, destacó todo lo contrario. Dijo que luego de la denuncia radicada por la madre de Peralta, "este Tribunal ha realizado una ardua tarea en la recolección de material probatorio que permitiera dilucidar el caso, agregando infinidad de documental producto de diversos allanamientos, como así también la suscripta ha realizado diligencias en forma personal con el fin de recabar información que colabore con la investigación". Insistió que a medida que fue transcurriendo el proceso, los sospechosos "fueron desvinculados".
