BUENOS AIRES- El ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, a quien la Cámara Federal porteña dejó a un paso del juicio oral y público por la masacre perpetrada en pleno centro porteño el día en que Fernando de la Rúa renunció a la Presidencia, planteó la nulidad de la causa en la que está procesado.

Familiares de los cinco manifestantes ultimados en la represión del 20 de diciembre de 2001, cuando De la Rúa renunció en medio de protestas en las que murieron 33 personas en todo el país, habían advertido sobre la estrategia conjunta desplegada por ex policías y por el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, para impugnar la causa y evitar el juicio oral.

El abogado Pablo Jacoby, defensor de Santos, argumentó que la jueza federal María Servini de Cubría actuó con "ausencia de imparcialidad" en la investigación de los crímenes porque la magistrada "fue parte en los hechos" registrados a metros de la Casa Rosada el penúltimo jueves de diciembre del 2001.

Servini "impartió órdenes que influyeron en el curso de los acontecimientos", sostuvo Jacoby. La jueza se encontraba de turno aquel jueves, constituyó su juzgado en la comisaría Segunda de la Policía Federal y, desde la seccional, ordenó al entonces presidente De la Rúa poner fin al accionar policial contra manifestantes, el cual se tornó violento desde el mediodía, cuando agentes a caballo desalojaron a Madres de Plaza de Mayo que marchaban frente a la Casa Rosada.

La represión continuó a lo largo de una jornada en la que finalmente De la Rúa dimitió con apenas medio mandato cumplido y tras un vano llamamiento al justicialismo para sellar un pacto de gobernabilidad. Para entonces, cinco manifestantes habían sido asesinados en el centro porteño.

Con la intervención de los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers, Servini investigó los crímenes y adjudicó responsabilidad a la policía, que disparó contra manifestantes desarmados, según consta en las resoluciones que, oportunamente, fueron homologadas por la Cámara Federal porteña.

Cuando Servini ya había clausurado la etapa instructoria para elevar el caso a un tribunal oral, resolvió apartarse y el expediente quedó en manos de su colega Claudio Bonadío, que ahora deberá expedirse sobre el planteo presentado por Jacoby. (DyN)