VIEDMA (AV).- La Justicia requirió urgentes medidas al gobierno provincial para evitar el caos y la cesación de pago en el Ipross. La obra social que tiene una deuda con prestadores de 16 millones de pesos recibirá este año un aporte del Estado de 24 millones.
El STJ consideró que "el Ipross está hoy postergado" y pidió que "se tomen medidas de fondo". El tribunal formalizó "la preocupación" por el Ipross, en la misma resolución en la que exigió a los médicos viedmenses restituir la atención en consultorios a los afiliados. Los reclamos por la obra social rionegrina fueron ratificados ayer por el presidente del STJ, Víctor Sodero Nievas en distintas entrevistas radiales.
El fallo institucional como lo definió establece una "responsabilidad mayor para los funcionarios" que es evitar que el Ipross pase "de la crisis al caos y a la cesación de pago". Exhortó al gobierno para que se tome medidas porque "hay que lograr una solución definitiva en un plazo razonable".
En el fallo, el STJ entendió que "no existe otra alternativa que mejorar el aporte y la administración en forma sustancial para evitar el endeudamiento y finalmente la quiebra de la obra social".
Además, el tribunal consideró que los afiliados tienen el "deber de contribuir al sostenimiento" del sistema, fundado en una "solidaridad" que se deriva en una "exigibilidad razonable y proporcional. Esta razonabilidad se pierde cuando el aporte de los afiliados no llega a 40 pesos mensuales", ejemplificándolo que un atado de cigarrillos diarios proyecta un costo de 90 pesos por mes. El "aporte mínimo para la atención de un grupo familiar tiene que guardar una razonable proporcionalidad con la realización de los demás bienes a los que puede aspirar cualquier ciudadano", expresó Sodero en su fundamentación.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Ana Piccinini impulsora del amparo ante el STJ calificó al fallo de "histórico". Igualmente, en su comunicado, la Defensoría expresa que la obligación de la atención alcanza a los médicos de El Bolsón, como se había requerido, lo cual es un error porque el Tribunal desestimó inicialmente esa exigencia. Piccinini expresó que el texto judicial "es muy claro y sencillo", y pone "las cosas más importantes en su lugar como cuidar, contener y proteger a la parte más débil de la relación, que es el afiliado".
Mientras tanto, Sodero Nievas reiteró su visión, insistiendo en la necesidad de una respuesta estructural. "Hay que ajustar los costos de las prestaciones y los aportes para evitar un mayor desfinanciamiento y un endeudamiento crónico", afirmó el juez.
Asimismo, cuestionó la falta de acción de funcionarios aunque queda "una responsabilidad más grande: evitar un estado de turbulencia" y "que se pase de la crisis al caos y a la cesación de pago. Este fallo quiere preservar las instituciones del Estado".
