Hasta ahora uno de los pocos logros de Alberto Gonzales ha sido el de propiciar un inusual consenso entre republicanos y demócratas en Washington: que su desempeño representa un fracaso.

"Las personas razonables han dicho desde principios de año que Gonzales debería renunciar, y ahora, cuatro meses después, todos dicen que ello debió de ocurrir hace tiempo'', dijo el asesor republicano Joe Gaylord. "Considero que sus relaciones cercanas con George W. Bush hicieron eso imposible'', agregó.

Gonzales debe todos sus cargos públicos a Bush, desde el de asesor judicial del entonces gobernador de Texas, luego secretario de Estado y después miembro de la Corte Suprema de ese estado, para rematar con el cargo de asesor judicial de la Casa Blanca y finalmente secretario de Justicia.

La deuda moral de Gonzales lo hizo demasiado deseoso de complacer a su jefe, darle trato especial a tejanos poderosos como Karl Rove y hacer poco caso de sus críticos en el Congreso. Su rápido ascenso lo depositó en un cargo para el cual no tenía la experiencia necesaria para lidiar con la política de Washington. Además, los escándalos que marcaron su carrera hubieran condenado desde un principio a un político menos favorecido.

Uno de sus primeros actos en la Casa Blanca fue recomendarle a Bush que rechazara las leyes contra la tortura y los tratados internacionales que protegen a los prisioneros de guerra, lo que según sus críticos propició abusos como los cometidos en la prisión estadounidense de Abu Ghraib, en Irak. Como asesor legal de la Casa Blanca, Gonzales no le notificó inmediatamente al jefe de gabinete Andy Card luego de que el Departamento de Justicia inició una investigación sobre quién reveló la identidad de una agente de la CIA. Gonzales espero 12 horas para informar sobre ello, un lapso suficiente para que los funcionarios de la presidencia encubrieran su participación en el hecho.

Ya como secretario de Justicia, le dijo en el 2005 al Congreso que el presidente tenía la capacidad de espiar a los estadounidenses sin mediar permiso judicial alguno, como parte de la guerra contra el terrorismo.

Sus declaraciones sobre el despido de varios fiscales federales fueron puestas en duda al menos tres veces durante una serie de audiencias en el Congreso, incluso una vez con su propio testimonio. Este fue quizás el escándalo más fácil de evitar, porque a fin de cuentas el presidente tiene el derecho de despedir fiscales federales. Pero Gonzales cambió varias veces sus declaraciones y evitó cuestionamientos directos sobre el tema, dándole material para sustentar el caso en su contra. (AP)