VIEDMA (AV)- La defensora del Pueblo, Ana Piccinini entendió que los problemas de la Escuela Industrial de esta capital responden a la responsabilidad de toda la comunidad educativa. La funcionaria provincial asignó "descontrol y vandalismo" a los alumnos, "una actitud permisiva" de parte de los docentes y padres, y "falta de autoridad" de la conducción de la escuela y de funcionarios educativos para imponer disciplina.

Esa evaluación determinó el inmediato rechazo de la Unter de Viedma que cuestionó que Piccinini ponga en "igualdad de condiciones" las responsabilidades de funcionarios, docentes, padres y alumnos. El gremio calificó que se trata de "una grosera posición oficialista", "obviando la improvisación y negligencia de los funcionarios de Educación".

En mayo, la Escuela Industrial -que reúne cerca de un millar de alumnos- tuvo problemas y, en principio, concurrió al establecimiento el Adjunto, Ignacio Gandolfi. La semana pasada, la Defensoría difundió la resolución -que firma Piccinini- donde se admiten "inconvenientes en la instalación de gas, sanitarios, paredes y techo", como también, en "las máquinas del taller y la seguridad en general".

Se pudo "constatar el estado de abandono general de las instalaciones, la falta de mantenimiento, desorden y acumulación de materiales escolares en desuso". Esa situación -dice la Defensoría- "resulta atribuible a una suma de factores en la que está involucrada toda la comunidad educativa". Responsabiliza a los "funcionarios" pero también "al accionar desmedido de los propios alumnos cuando incurren en hechos de descontrol y vandalismo", como además, "la actitud permisiva o despreocupada de padres y docentes, quienes deberían cumplir un rol más comprometido con el sistema educativo".

Destacó que también "influye la falta de autoridad y conducción por parte de las autoridades de la escuela y funcionarios de la cartera educativa, puesta de manifiesto en la incapacidad de imponer las más elementales reglas disciplinarias y jerárquicas propias de cualquier sociedad organizada".

En su conclusión, Piccinini pidió a la comunidad educativa del CEM Nº 32 que "se profundice el debate" y las resoluciones para "mejorar las conductas en procura de revalorizar el uso de la estructura edilicia" y "la convivencia necesaria para la socialización". Reclamó "mayor compromiso y responsabilidad".

Asimismo, la defensora recomendó al Ministerio de Educación que se adopten "medidas urgentes tendientes a garantizar la seguridad" y el "normal dictado de clases", reclamando que se intensifiquen "los trabajos de reparación" y se disponga de "una adecuada supervisión de las obras y la asignación de las partidas presupuestarias".

Inmediatamente, la Unter Viedma -con la firma de Pedro Bichara- reprochó esa resolución, que es una "grosera posición oficialista, obviando la improvisación y negligencia de los funcionarios de Educación".

El gremio encuadró a la opinión de la defensora en la "fiel a su soberbia política" de Piccinini, que "la caracterizó en su accionar como funcionaria", acompañando "medidas como: la entrega de las empresas públicas provinciales, rebajas salariales a los estatales, la privatización del Banco de la Provincia, destrucción del sistema educativo público, pago de haberes en bonos, entrega de la Caja de Previsión Social".

La defensora "no vacila en menospreciar la opinión de la comunidad educativa del CEM 32, agraviando y echando un manto de dudas en el accionar de sus actores". La resolución "sólo sirve para justificar la improvisación del gobierno al cual representa.