NEUQUEN (AN).- La costosa cárcel que construyó el gobierno provincial en Senillosa sólo será ocupada en un 12,5% de su capacidad en octubre próximo cuando comience a funcionar. El resto del espacio, y hasta que el gobierno nacional no defina el traslado de la prisión federal U-9, permanecerá en gran parte sin uso.

Así lo afirmó ayer el ministro de Educación, Seguridad y Trabajo, Jorge Lara. En declaraciones a la prensa durante un acto en la U-9 en esta capital, afirmó que en octubre cuando se inaugure la cárcel sólo albergará a un centenar de detenidos a pesar de que tiene capacidad para cerca de 800. Es decir, sólo el 12,5% de su capacidad para detenidos será ocupada.

"La habilitación (de la cárcel de Senillosa) será en forma parcial. En una primera etapa van a ser 100 internos", señaló. Los presos que se trasladarán hoy están en la U-11 que depende de la provincia y en comisarías.

Sobre este escenario, cargó contra el gobierno nacional que al menos por ahora, decidió no moverse del edificio que ocupa en la actualidad. "Esto es un problema político del gobierno nacional, propio de sus marchas y contramarchas", sostuvo. "Es un capricho de alguien que se levanta un día y dice que no porque es de Neuquén", agregó.

Además dejó entrever que en caso de concretarse el traslado de los internos de la U-9, no se llegará a hacerlo en el transcurso de este año por los plazos que demanda la planificación. "Para que funcione a full (la cárcel) debe habitarse cada pabellón paulatinamente. Nosotros tenemos una programación que contempla casi 8 meses" en caso de sean trasladados los 800 internos para los que fue diseñada, explicó.

La resistencia del gobierno nacional a trasladar la U-9 ha sido uno de los principales dolores de cabeza que tuvo el gobernador Jorge Sobisch en los últimos meses. A Nación le parece imposible la convivencia en una cárcel administrada por la provincia y custodiada por el Servicio Penitenciario Federal.

En el nuevo complejo la inversión trepó a 70 millones de pesos, 20 más que los había asignado originalmente la administración Sobisch (el incremento fue por mayores costos, según el gobierno). A cambio iba a quedarse junto con el municipio de esta ciudad, con el predio que ocupa la U-9 en pleno centro y cuyo valor en el mercado también es millonario.

Pero las señales que recibió en los últimos meses fueron en sentido contrario: en septiembre pasado el subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación, Federico Ramos, informó que el traslado no se haría; unos meses después la prisión federal fue ampliada y refaccionada; y ayer incluso recibió una distinción por la forma en que viene funcionando (ver recuadro).

De todas formas, Lara mostró optimismo: "hubo fuegos artificiales en algún momento de alguien que dijo que no se haría el traslado, pero creo que se hará".