SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El tesorero de la CEB, Pablo Frisch, cargó con dureza contra el gobierno provincial, al que acusó de "desentenderse" de las obras de infraestructura eléctrica que necesita esta ciudad.

Frisch dijo que los barilochenses "ya pagaron por adelantado más de un 40% de la segunda y tercera línea de alta tensión" que alguna vez planificó la provincia para atender la demanda local y que nunca se ejecutaron.

Indicó que entre enero de 1987 y julio de 1991 la provincia percibió a través de su Dirección General de Energía y luego de la empresa estatal ERSE, los importes cargados a la tarifa eléctrica que tenían por destino la amortización de la línea Alipilba estrenada en 1986 y de las futuras obras.

Según Frisch, esos activos fueron vendidos luego a Edersa, por los cuales la provincia cobró 19 millones de dólares. "Al menos conceptualmente puede inferirse que el Estado los malversó, por cuanto su destino debió ser, sin el menor lugar a dudas, la ejecución de las obras cuya carencia hoy ponen en serio riesgo existencial a nuestra población", aseguró el tesorero de la CEB.

En su informe refiere que el cronograma delineado en 1986 establecía la construcción de una segunda línea de alta tensión y ampliaciones de transformación en un lapso de 10 años (debieron ejecutarse en 1996), más una nueva estación transformadora a realizarse en 17 años (el plazo venció en el 2003) y una tercera línea de alta tensión a los 23 años (en el 2009). Todos estos proyectos quedaron sólo en los papeles.

La privatización de ERSA hace casi 12 años alteró esos planes y hoy la demanda de una nueva línea que costaría unos 10 millones de dólares quedó envuelta en un debate sobre quién debe pagarla.

La provincia sólo accedió a aplicar parte de los fondos federales que le corresponden para desarrollo eléctrico a la compra de un nuevo transformador para la estación "La Paloma".

Según Frisch, la actitud asumida por el gobierno de Miguel Saiz es "una irresponsabilidad en lo técnico e institucional", porque demuestra "amnesia total respecto al plan de expansión imprescindible de ejecutar, según lo diagnosticado y acordado al momento de construirse la primera línea".

Dijo también que con el recargo tarifario que cobró entre 1987 y 1991, la provincia no sólo embolsó la totalidad de lo invertido para la primera línea Alipilba, "sino más de un 40% del valor de la segunda y tercera línea y de dos ampliaciones de la transformación en su extremo La Paloma".

Sobre ese punto, el delegado local del Ente Regulador de la provincial (EPRE), Rodolfo López Alfonsín, aseguró que a aquel esquema de financiamiento "se lo llevó el proceso de privatización".