En diciembre de 2006, una joven sanmartinense arrebató del botiquín familiar un puñado de medicamentos en pastillas, que engulló sin orden ni concierto. Pretendía quitarse la vida, diría luego. Esa misma chiquilla, que antes de cumplir los 19 ya era madre por segunda vez, podría ser procesada por falso testimonio.

Es una sórdida historia, que no interesa a estas líneas en la morbosidad de sus detalles, sino sólo en un aspecto: el dudoso espíritu de cuerpo de ciertos pliegues de la Justicia, y la actuación también puesta en duda de otros funcionarios y profesionales ligados al caso.

En febrero de 2006, el testimonio de esa muchacha fue decisivo para mandar a la cárcel a su padre, con ocho años de prisión por abuso sexual agravado por el vínculo. Ya en julio de ese mismo año, la joven se flagelaba llamándose mentirosa. Es que, aseguraba, había construido una fábula mendaz para castigar a su padre por un supuesto trato victoriano; una severidad obsesiva, más bien, que incluía prohibirle el contacto con hombres.

Francamente, no cabe a esta columna siquiera especular sobre si la muchacha mintió entonces o miente ahora, cuando niega lo dicho en el juicio oral. Pero el caso es que hace un año viene repitiendo su nueva versión, sin la atención debida a asunto tan gravoso.

Con el auxilio de un abogado intentó prestar declaración en más de una oportunidad pero, al parecer, para ciertos funcionarios judiciales se trataba de algo resbaladizo. Admitir la potencialidad de un error que abarcaría desde el primer fiscal al último juez de cámara, y a una pléyade de peritos y expertos, resulta desaconsejable si se aspira a hacer carrera en la institución. En fin, gentes propensas a aquello de "no hacer olas".

Las cuestiones de competencia también fueron problemáticas, y contribuyeron a demorar una respuesta. Al final, la joven se cansó y decidió recurrir a los medios de prensa -a este diario-, con el asesoramiento de su abogado y en la inteligencia de que la difusión pública obligaría a actuar de oficio. Así ocurrió.

Pero en el medio hay otras gruesas denuncias de la muchacha, que hasta aquí han pasado casi inadvertidas. Afirma que antes de declarar ante los jueces en febrero de 2006, profesionales del servicio de Desarrollo Familiar del municipio de San Martín le indujeron a desistir de desdecirse -por entonces y según dice ahora, ya quería echarse atrás por arrepentimiento-, bajo el amenazador argumento de que terminaría presa por falso testimonio y sin poder ver a sus hijos (cosa a la que, más o menos, se expone ahora). Además, dice que nunca fue sometida a un examen genital en el hospital de San Martín, como en contrario consta en la sentencia que condenó a su padre.

Esas menciones merecen una investigación aparte y, tal vez, sumarios internos en el municipio y en el hospital para deslindar responsabilidades.

Puede que la joven mienta o puede que diga la verdad. Pero la duda es suficiente para "hacer olas".

FERNANDO BRAVO

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