La Justicia avanzará en los próximos meses en el envío a juicio oral de ex funcionarios del gobierno menemista y judiciales procesados por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA, del que el miércoles se cumplirán 13 años, informaron fuentes judiciales.

Paralelamente, la causa central que intenta esclarecer el atentado se encamina a intentar identificar con prueba suficiente a miembros de la "conexión local" del ataque que causó 85 muertos y maneja nuevos nombres de sospechosos, distintos a los absueltos en un juicio oral en el 2003.

Según explicaron a Télam fuentes judiciales, la pesquisa que está bajo la órbita del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y delegada en el fiscal Ablerto Nisman se encamina hacia personas que en 1994 vivían en el país y estaban vinculadas a actividades que desarrollaban las mezquitas de Flores y Cañuelas.

"Se manejan nombres que ya estaban en la causa, otros que surgieron de las últimas medidas de prueba", explicaron las fuentes. Además, la fiscalía especial creada para investigar el atentado se centró en reconstruir el camino seguido por tres camionetas Trafic que finalmente se ensamblaron en el cochebomba que destruyó el edificio de Pasteur 633 a las 9.53 del 18 de julio de 1994.

Según las fuentes, habría elementos en la ruta de la Trafic que apuntarían aún a Alberto Kanoore Edul hijo, quien el 10 de julio de 1994 se comunicó con el ahora ex acusado del caso, Carlos Telleldín.

Ese día Telleldín, según dio por probado el tribunal oral que lo absolvió por el atentado, vendió la camioneta Trafic cuyo motor numerado apareció entre los escombros sin saber a qué fin sería destinada.

Kanoore Edul apareció vinculado a la llamada "pista siria" del atentado, aunque ahora los investigadores piensan que él también pudo haber tenido en sus manos el vehículo desconociendo lo que ocurrió después.

La pesquisa estaría cerca también, en una de sus hipótesis, de llegar a la verdadera identidad de André Marqué, nombre que figuraba como dueño de un teléfono celular que se comunicó reiteradas veces desde la Triple Frontera a Buenos Aires antes del ataque.

"Indicios señalan que incluso André, bajo otras identidades y de manera ilegal, cruzó varias veces hacia Buenos Aires", agregaron las fuentes. Esta persona habría sido la que coordinó la preparación total del atentado y el ingreso al país de quienes llegaron especialmente para cometerlo, entre ellos, el terrorista suicida.

Por otra parte, la Justicia está rastreando supuestos papeles con anotaciones que habrían pertenecido a Lourdes Di Natale, la fallecida ex secretaria del ex cuñado del ex presidente Carlos Menem, Emir Yoma. Según trascendidos, en estos papeles habría menciones a supuestas responsabilidades políticas del ataque y figurarían Menem y el traficante de armas Monzer Al Kassar.

En la pesquisa paralela que investiga las irregularidades que dieron por tierra con la primera investigación del ataque, el juez federal Ariel Lijo se prepara para desglosar la causa. Por una parte, comenzarán los trámites para enviar a juicio oral al ex juez federal Juan José Galeano, al ex titular de la SIDE menemista Hugo Anzorreguy, a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, entre otros procesados.

Tras la confirmación de todos los procesamientos por parte de la Cámara Federal, el juez cerrará esta parte de la instrucción aunque todavía queden pendientes de resolución recursos que seguramente los acusados presentarán ante la Cámara de Casación penal.

El juez conservará abierta la parte de la pesquisa referida a responsabilidades eventuales del ex presidente Carlos Menem y de su ex ministro de Interior Carlos Corach, sobre quienes la Cámara Federal pidió realizar nuevas medidas de prueba.

El magistrado comenzará próximamente a citar como testigos a empleados del juzgado que tuvo a su cargo Galeano para que ratifiquen o no si Menem fue nombrado como alguien que estuvo al tanto del pago ilegal de 400 mil dólares que se hizo al ex acusado Telleldín a cambio de declarar contra policías bonaerenses en 1996.

Galeano, Anzorreguy y los demás imputados serán juzgados, entre otros cargos, por el delito de peculado, que contempla una pena de prisión no excarcelable.