VALPARAíSO (Télam).- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, lanzó ayer el mayor programa social de la historia del país y anticipó que su gobierno apoyará la moción parlamentaria de declarar inaplicable la Ley de Amnistía, en un discurso que busca superar la crisis política.

Bachelet anunció que flexibilizará la férrea política fiscal para aumentar el gasto social, especialmente en educación, lo que debería ayudar a paliar un descontento ciudadano que la enfrenta a la más baja popularidad de su mandato. "He tomado la decisión de que reduciremos la meta del superávit estructural a 0,5% del PBI a partir del presupuesto del 2008", anunció ante el Congreso en Valparaíso, a 110 kilómetros de Santiago.

Con ello se deroga la regla del superávit fiscal del 1% del Producto Bruto Interno (PBI), que obligaba al Estado a mantener esa meta de ahorro anual en períodos de crecimiento para destinarlos a futuros momentos de recesión.

Esto liberará miles de millones de dólares hasta el fin de su mandato en programas de empleo, capacitación, educación y salud. Los riesgos fiscales de Chile se han minimizado, particularmente por el fortalecimiento patrimonial del Banco Central, la reducción de la deuda pública y el mayor acceso del fisco al crédito nacional e internacional.

Entre los anuncios destacados,inversiones anuales en Educación hasta llegar a 5.000 millones de dólares.

Además, el gobierno distribuirá pensiones de 145 dólares para todos los adultos mayores pobres y subirá de 56 a 80 las enfermedades que el Estado atenderá gratuitamente.

La mandataria también planteó que su gobierno tendrá como "prioridad la integración de la región", y expuso su perspectiva de convertir a Chile en una potencia empresarial sudamericana. Para ello, Bachelet proclamó la necesidad de concordar "una agenda de futuro con los países vecinos", en alusión a Bolivia, Perú y Argentina, y confirmó su respaldo a todas las iniciativas regionales en energía, infraestructura y comercio.

Prometió convertir a Chile en una potencia alimentaria y turística, y para ello anunció el plan que postula convertir a Chile como uno de los diez mayores productores de alimentos del mundo y elevar a tres millones el número de turistas al 2010.

Semejante objetivo demandará obras viales y portuarias para mejorar la conectividad y competitividad de una economía que dispone de libre comercio con Estados Unidos, Japón China y Europa, entre otros mercados.

También habló del talón de aquiles de su gestión, el Transantiago. "Las cosas se hicieron mal", reconoció la mandataria . "Las personas tienen todo el derecho a estar molestas y angustiadas", dijo, asegurando que "el problema se va a arreglar".

Al abordar el capítulo de derechos Humanos y declarar su apoyo a la inaplicabilidad de la ley de Amnistía, la mandataria aseveró que "mientras haya detenidos desaparecidos no dejaremos de buscarlos".

Las iniciativas fueron aplaudidas por los líderes de su coalición y dirigentes sociales, pese a las protestas en las tribunas del Congreso de deudores habitacionales, quienes fueron desalojados por la policía del hemiciclo.

Desde la oposición, el presidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, rechazó las críticas de la mandataria a la virulencia de la oposición e insistió que el problema de Chile hoy son las fallas de gestión del equipo presidencial.