El anunciado Servicio Penitenciario Provincial de Río Negro no tendrá agentes del Estado sino "monotributistas" contratados, que están trabajando ya en el riesgoso oficio de ingresar a la Alcaidía de General Roca sin cobrar, sin seguro, sin obra social, sin uniforme y sin estabilidad laboral. En alguna ocasión han sido incluso tomados como rehenes por internos en episodios de violencia que, afortunadamente, no llegaron a ser graves, aunque en un caso una trompada le hizo saltar un diente a uno de ellos.

Tal es la incertidumbre en que desarrollan su tarea los 50 ingresantes del Servicio Penitenciario Provincial que no saben si dependen de la Jefatura de Policía o del Ministerio de Gobierno, no han recibido ningún papel escrito: ni credencial, ni decreto, ni resolución administrativa. "Esto parece clandestino y no del Estado. Es como si formáramos una cooperativa o algo así y no fuéramos empleados de la provincia", dijeron tres de los jóvenes que desde hace cinco meses estudian o trabajan sin recibir nada a cambio.

En diciembre comenzaron el curso de instrucción que -a diferencia de otros de ingreso a la Policía- no fue pagado con el sistema habitual de "becas". "Nos dijeron que nos iban a pagar, pero después no podíamos preguntar nada porque nos amenazaban con quedar desafectados del curso. Y así pasaron cinco meses. Tenemos hijos, en nuestra casa nos preguntan cuándo nos van a contratar, las cuentas aprietan, y todavía nos tienen en vueltas".

Hablan sólo después de recibir garantías de que sus nombres no serán dados a conocer. No hay fotos ni apellidos. "Es que uno hace planes. Hace seis meses renunciamos al trabajo que teníamos porque confiamos en que ser empleado de la provincia implica estar en blanco, cobrar salario familiar, tener obra social. Pero ahora resulta que nos han mentido. Si nos hubieran dicho todo esto desde el principio no hubiera quedado ni la mitad de nosotros".

El Servicio Penitenciario Provincial fue anunciado como una solución a los problemas de violencia dentro de las alcaidías, luego del asesinato a golpes del interno Enzo Pérez y de otros casos que motivaron que las cárceles rionegrinas fueran denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Después de tres meses de curso y dos meses de prácticas dentro del penal -durante los cuales no recibieron ni un peso, ni uniforme ni información sobre su situación laboral- el sábado por la mañana los 50 aspirantes que quedan fueron convocados a hablar con la directora del Servicio Penitenciario Provincial, Nadia Ruiz, y con su colaborador Emilio Martínez.

"Ahí la directora nos dijo que ya somos agentes del Servicio Penitenciario, que recién cobraremos a principios de julio -o podría ser que a fines de junio si termina el papeleo- pero retroactivo desde hoy, lunes".

Después bajó un intermediario, "un retirado de la Federal de apellido Santander, que nos entregó este papel". Sin membrete de la provincia, y escrito en computadora con varios errores de ortografía, el papel tiene el título de "Contrato de Prestación de Medios" y enumera la documentación que deberán presentar para tener el trabajo: currículum, constancia de inscripción en la AFIP como monotributistas, constancia de pago del monotributo, constancia de que abrieron una cuenta a su nombre en el Banco Patagonia Sudameris, entre otros datos personales.

El jueves anterior, 13 aspirantes habían sido comunicados de que no los incorporarían. "Ellos también estuvieron, como nosotros, cinco meses sin cobrar, dejaron su trabajo, y ahora perdieron todo porque no entrarán", dijeron sus compañeros.

No obstante, saben que su situación no es mucho mejor. Siguen llenos de incertidumbre y, si ya llevan cinco meses sin ingresos, conocen que deberán seguir así durante dos meses más.

"Nos dijeron que si no teníamos plata para pagar el monotributo, ellos nos lo pagaban y después cuando nosotros cobremos se la tenemos que devolver", agregan, como una muestra más de lo irregular de su condición.