ROCA (AR).- Francisco Acosta está realmente cansado. La falta de respuestas de la Justicia con respecto al crimen de su hijo Antonio, quien fue asesinado de más de una docena de puñaladas el 27 de octubre de 2001 en Lamarque, lo llevó a golpear cuanta puerta de despachos judiciales y gubernamentales pudo.

El crimen de Antonio Acosta conmocionó al Valle Medio. Se trató de una causa que tuvo varios jueces, con varios detenidos, procesados y finalmente un condenado, cuando el 15 de julio de 2005, la Cámara Primera de Roca condenó a Eduardo Equiza a nueve años de prisión.

Este joven había sido detenido apenas ocurrió el brutal crimen, y estuvo casi cuatro años tras las rejas sin sentencia, por lo que el beneficio del 2x1 se computan doble los días posteriores a los dos años de detención sin sentencia le dio la posibilidad de recuperar su libertad en poco tiempo.

La extensa instrucción de la causa no estuvo exenta de polémicas y denuncias. Esto incluyó la investigación a algunos de los magistrados y funcionarios judiciales que intervinieron en algún momento, hasta la denuncia del robo de una parte del expediente.

Además de denunciar irregularidades en la causa, Francisco Acosta se quejó de la pasividad de algunos funcionarios judiciales.

El padre de la víctima fatal denunció las irregularidades ante el Consejo de la Magistratura el 7 de setiembre pasado. Según él mismo señaló, el Consejo de la Magistratura designó al auditor Gustavo Martínez para que realizata la investigación y emitiera un dictamen. El informe fue finalizado en diciembre pasado, donde figuran las irregularidades constatadas y sobre la actuación de distintos funcionarios.

"Este informe tendría que haberse dado a conocer a mi parte como padre de la víctima y querellante en la causa, y hasta el día de hoy no tenemos noticias de la investigación ni lo que dictaminó el auditor", se quejó.

Tampoco ahorró críticas hacia la Cámara Primera del Crimen, a la que criticó por "no devolver a tiempo al juzgado Nº 30 de Choele Choel el expediente, y por esa razón prescribieron varias causas

conexas", entre las que citó "Juzgado penal Nº 30 de Choele Choele s/ investigación", "Velázquez, Juan Carlos s/ presunto falso testimonio" y "Gil, José Miguel s/ presunta infracción al artículo 275 del Código Penal".

Con respecto a la causa principal, Acosta cuestionó también al ex juez Guillermo Moyano y a sus superiores.

"Previo a la realización de la audiencia de juicio, se había dispuesto la remisión de copia certificada de distintos expedientes vinculados a la investigación que se encontraban en pleno trámite".

Según Acosta, "el ex juez Moyano que como no podrían ignorar ni los camaristas ni la fiscal de Cámara estaba apartado de todas las investigaciones, remitió los originales, generando con ello la paralización de la investigación".

Acosta se quejó también porque "no sólo no hubo reproche para él mismo, sino que la cuestión no se subsanó, y por el contrario, se agudizó".

"Tal cuestión se agravó cuando desde dicho organismo se negó inicialmente tener los expedientes, así como también cuando se guardó silencio respecto de la irregularidad que se había consumado en el expediente Nº 8.515/02 (Velázquez), el que directamente se mandó a archivo sin la más mínima investigación del falso testimonio perpetrado", dijo el padre del joven asesinado.

También hizo referencia a la negativa de una joven de prestarse a registrar sus huellas dactilares para compararlas con huellas que tenían los investigadores, a pesar del requerimiento judicial.

La diligencia había sido pedida en carácter de urgente, por el juez Fabio Martín Igoldi, otro de los magistrados que tuvo durante la instrucción esta compleja causa.