VIEDMA (AV).- Sólo una veintena de capacitadores fueron autorizados por Educación para ofrecer cursos privados a los docentes. El año pasado, los capacitadores duplicaban esa cantidad y la cartera educativa autorizó un centenar de cursos con puntaje en el listado de clasificación de ingreso y ascenso en la docencia.

El Consejo Provincial de Educación instrumentó medidas para desarticular la fuerte inserción de la capacitación comprada por los docentes. Adoptó dos medidas: estableció un registro de autorización para capacitadores y luego reasignó mejor puntaje por antigüedad, relativizando el impacto que los cursos de capacitación tenían en los listados de clasificación para acceder o ascender entre los docentes.

Esa revisión derivó que ciertos capacitadores ofrezcan -a valores "muy económicos"- certificaciones de cursos de años anteriores. Por eso, el CPE emitió ayer una resolución con el objetivo de contrarrestar esa situación. Esa norma -que firma el vocal Daniel Agostino a cargo de la presidencia- fija que las documentaciones de capacitaciones pendientes de presentación en la Junta de Clasificación serán recibidas hasta el 24 de mayo y alcanzará exclusivamente a las correspondientes a 2006.

Entre los fundamentos, la resolución aclara que "se debe establecer un límite de presentación de posibles certificaciones no presentadas oportunamente" y para evitar actos que "puedan generar desigualdades, en razón de aspectos formales y económicos".

Además, Educación informó que 22 capacitadores privados se anotaron y fueron autorizados en el registro creado por la Resolución N 566 del CPE. El lunes venció el plazo y 22 capacitadoras "se ajustaron a los requisitos y condiciones establecidas para efectivizar su propuesta de formación, actualización de contenidos, curso o seminario propuesto para los docentes rionegrinos".

El año pasado, los autorizados sumaron 40 privados. Las organizaciones ahora admitidas pertenecen a organismos de Roca, Bariloche, Viedma, Cipolletti, Bahía Blanca, La Plata, Neuquén y Puerto Madryn.

Razones de los rechazos

Cinco requerimientos fueron rechazados por no cumplir con los condicionamientos planteados, como acreditar la constitución legal de la firma; cumplimiento impositivo; habilitación comercial; trayectoria y currículum vitae de los capacitadores. La comisión calificadora está constituida por miembros del ministerio de Educación y de la Unter.

El ministerio y la Unter coincidieron en acciones contra el negocio privado de la capacitación docente, que se estima moviliza unos 6 millones anuales. Los cursos privados oscilaban de 400 a 1.000 pesos pero últimamente esa cotización cayó frente a la ofensiva institucional y la devaluación de la capacitación en el puntaje.