SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Por segunda vez los reclamos realizados en defensa de las costas libres amenazan con judicializarse como un conflicto entre privados cuando el problema de fondo pasa por la ocupación de los espacios públicos que debería defender el municipio.
Días atrás Armando Aligia y Cristian Caravá, activos participantes de grupos autoconvocados por las costas libres, fueron intimados a rectificar las acusaciones vertidas contra el proyecto de turístico que pretendía extender el estacionamiento de un complejo de bungalows sobre las playas de Bahía Serena.
El controvertido emprendimiento contaba con un dictamen favorable de la Unidad Coordinadora que le permitía avanzar sobre la zona inundable de esa franja costera, que forma parte de uno de los balnearios más concurridos de la ciudad.
Pero ese permiso especial fue anulado por el Concejo Municipal en diciembre de 2004, dando respuesta a la presión popular que puso en evidencia la afectación del espacio público y los riesgos del proyecto. El expediente volvió a foja cero y dio lugar al inicio de acciones judiciales por parte de los propietarios.
A más de dos años de ese episodio la dueña de las tierras y firmante de la iniciativa, Ana Filipic, envío una carta documento a Aligia y Caravá intimándolos a retractarse de sus objeciones y suspender "los ataques e incentivos injuriosos vertidos en forma mendaz sobre el proyecto".
La misiva fija un plazo perentorio de cinco días bajo apercibimiento de iniciar acciones penales por injurias y calumnias y un pleito civil por "daños y perjuicios con más daño moral".
El reclamo de Filipic resulta generó una rápida reacción del grupo de vecinos autoconvocados en "Defensa de Bahía Serena y costas libres" que salió en defensa de sus pares denunciando y difundiendo la "intimidación".
La agrupación señaló lo extemporáneo de la carta documento, ya que las expresiones cuestionadas -sujetas a intimación judicial- fueron vertidas en el año 2004 y destacó su similitud con la intimación judicial recibida por otra de sus integrantes.
En marzo Ana Wieman recibió otra carta documento del propietario que comenzó a construir una hostería en la zona inundable de un lote costero ubicado al 11.100 de Bustillo, a pesar de la suspensión de obras dispuesta por el municipio.
"No es posible que los propietarios avancen a toda costa sobre el dominio público y las costas, amenazando a militantes ambientalistas que supuestamente no pueden afrontar el costo de un juicio y haciéndolos responsables por las decisiones del municipio" advirtieron en su respuesta pública.
