SANTIAGO (AFP) - La Justicia chilena investiga el accionar de una secta cristiana integrada por una veintena de jóvenes de clase alta que decidieron vivir en aislamiento en una propiedad rural y que enterraron ilegalmente a una de sus miembros, muerta luego de dar a luz sin recibir atención médica.
La mujer fallecida, Jocelyn Rivas, una profesora de danza de 26 años, habría muerto producto de una septicemia luego dar a luz en enero a una niña -cuya suerte se desconoce- y agonizar por semanas sin recibir ninguna atención médica . El cadáver de la joven fue enterrado en el patio trasero del predio donde se ubica la comunidad, en una perdida parcela de la rural comuna de Pirque, al sur de Santiago, envuelto en sábanas de color blanco y cubierta sólo con hojas y ramas. El deceso no fue informado a las autoridades.
El procedimiento reveló el extremo aislamiento de la civilización en que viven los miembros de esta comunidad, autodefinida como cristiana, en su mayoría pertenecientes a influyentes familias de la clase alta de Santiago, reunidos desde hace unos cinco años. El grupo, compuesto por unas 20 personas -entre ellos niños y bebés- estaría liderado por la ciudadana argentina Paola Olcese y el pintor chileno Roberto Stark, acusado de inhumación ilegal e impedido por la justicia de acercarse al predio.
La policía concurrió el sábado pasado a la comunidad y desenterró el cadáver, sometido luego a una autopsia que determinará si intervinieron terceras personas. La muerte de la joven profesora volcó los ojos en la forma de vida de estos jóvenes, que no tienen casi ningún contacto con el exterior. Según vecinos, los miembros de la comunidad se alimentan de las hortalizas que siembran en los patios del predio, fabrican y venden en las cercanías pan de linaza y los niños no asisten al colegio. Dos de los tres bebés de la comunidad tampoco aparecen inscritos en el Registro Civil . Han indicado también que se dedican gran parte del día a la oración y que creen que entre ellos nacerá un Mesías. No creen en la sanación física y por eso desprecian la intervención médica.
El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, aseguró que "aquí se ha producido un hecho ilícito" señalando que "no puede existir un grupo de personas que se mantengan al margen del estado de derecho. Vamos a aplicar toda la legislación vigente destinado a que eso se cumpla, tal como lo hicimos con Colonia Dignidad en su oportunidad".
