Cuando uno es parte del problema, trasladar las culpas y delegar responsabilidades suele convertirse en la solución más práctica. En la Argentina esa estrategia ya es política de Estado. A través de discursos políticos cargados de sofismas, lo que antes era aparente y falso logra instalarse como real. En el imaginario popular, el reclamo de tierras de la recientemente conformada comunidad mapuche Paichil-Antriao se ha convertido en un enfrentamiento entre poderosos y marginales. En ese contexto, el Estado emerge como "árbitro" del conflicto, cuando en realidad es responsable (único punto en que acuerdan las partes)

Como veedor del cumplimiento de las leyes, el Estado avaló y legalizó sucesiones y escrituras de las tierras que hoy la "comunidad" reclama como propias. Si -como afirman los descendientes de Paichil-Antriao- las tierras fueron escrituradas a través de engaños, presiones y violencia, entonces el Estado fue cómplice.

En el tema, la dirigencia opta por trasladar el conflicto al ámbito privado, reduciendo la complejidad del problema a un enfrentamiento entre "ricos propietarios" y "pobres aborígenes". Desde el gobierno nacional, con aparentes fines demagógicos, se financian estudios a través del INAI (conferencias, mesas de diálogo) de modo que parezca que algo se hace en pos de un arreglo.

En noviembre, el Congreso sancionó la ley que suspende desalojos de comunidades indígenas, mientras se realizan los estudios pertinentes. En La Angostura, el estudio de títulos de las tierras en litigio que encararía el INAI la medida más urgente que resolvería gran parte del problema- fue anunciado hace dos años y todavía se aguarda.

El reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios era necesario, y desde el 94 -cuando toman rango constitucional- mucho se ha avanzado en la materia.

Ahora bien, si se comprueba que el propietario fue comprador de buena fe, que la escritura no observa "vicios" y que la titularidad de la tierra es legal, ¿de que forma la justicia, operando en un supuesto Estado de Derecho, puede anular arbitrariamente el derecho a la propiedad de un individuo? Es que ambos derechos (de los pueblos originarios y el derecho a la propiedad privada) tienen igual jerarquía constitucional.

Por otra parte, si se admite responsabilidad del Estado nacional, que por décadas legitimó esas ventas y escrituras, es él que debería resolver el problema, ya sea otorgando tierras fiscales a las comunidades indígenas que reconozca como tales, o expropiando las tierras a particulares. Obviamente, ambas salidas implican un costo político demasiado alto para dirigentes que pretendan hacer vitalicio su poder.

Más "adaptable" a las necesidades de agenda del gobierno resulta dar un paso al costado y mirar desde afuera la pelea entre "ricos" y "pobres". La inacción del Estado (municipal, provincial y nacional) corresponde a una estrategia: diluir el conflicto en los tiempos electorales, manteniendo la esperanza en los peticionantes y ganando la simpatía de quienes observan la "preocupación oficial" por el más desprotegido.

Así, el conflicto se congela, los costos políticos se minimizan y mientras se aguarda el "deshielo", todo lo que suceda será adaptado al "guión de campaña". La propaganda deja de ser una mera herramienta de difusión de los actos de gobierno para convertirse en sofisticado instrumento de transformación de lo aparente en real. "El príncipe debe ejecutar a través de otros las medidas que puedan acarrearle odio y ejecutar por sí mismo aquellas que le reportan el favor de los súbditos" escribió Maquiavelo en "El Príncipe", siglo XVI.