NEUQUEN (AN)- La Legislatura provincial debe crear este año juzgados especiales que se ocuparán de todos los juicios contra la administración pública provincial y municipal. Y el Consejo de la Magistratura tendrá la tarea de designar en esos tribunales a los jueces respectivos quienes, según la definición de un abogado, "serán los encargados de controlar al Estado". Es la misión más relevante que le espera al organismo cuya entrada en funcionamiento será el 1 de marzo.
La creación de estos juzgados está ordenada por la cláusula transitoria Quinta de la Constitución provincial reformada.
Textualmente, señala: "Los tribunales contencioso-administrativos deberán crearse, con sujeción a los principios de especialización y descentralización territorial, en el plazo de un año a partir de la creación del Consejo de la Magistratura".
Por ahora se ocupa de esa materia el Tribunal Superior de Justicia, y lo seguirá haciendo hasta que esos juzgados estén en funcionamiento.
Para el abogado Federico Egea, el plazo empezó a correr. "En mi opinión, el Consejo de la Magistratura ya está creado desde el momento que se sancionó la ley", cuyo texto fue publicado en el Boletín Oficial del 24 de noviembre del año pasado.
El cuerpo comenzará a funcionar el 1 de marzo, integrado por cuatro representantes de los bloques legislativos, dos abogados y un vocal del Tribunal Superior de Justicia.
En cualquier caso, todo parece indicar que para cumplir con la cláusula constitucional los actuales legisladores (cuyo mandato vence el 10 de diciembre) deberían crear el o los juzgados del fuero contencioso administrativo cuanto antes, para que el Consejo de la Magistratura tenga tiempo de seleccionar a sus jueces titulares. Todo antes del 24 de noviembre de este año o del 1 de marzo del año próximo, según la interpretación que se haga del texto constitucional.
Egea, consultado por "Río Negro", señaló que los jueces de ese fuero "controlarán al Estado". En sus juzgados recaerán "todos aquellos juicios en los que es parte la administración pública: contratos del Estado, relación de los empleados con el Estado, daño ambiental, recursos de amparo contra el Estado, sea provincial o municipal".
En su opinión deberían crearse por lo menos tres juzgados para darles celeridad a las causas, que en la actualidad demoran en promedio dos o tres años hasta obtener sentencia.
Por su parte el abogado Pablo Gutiérrez Colantuono estimó que "los jueces deben ser exclusivamente competentes en la materia; no se le puede adicionar por ejemplo a un juez civil la competencia contencioso administrativa".
"El nuevo fuero será celosamente observado desde los estamentos públicos -agregó- ya que dentro de su competencia estará el tema ambiental, de servicios públicos, de usuarios y consumidores, expropiaciones, validez de los decretos, decisiones administrativas del propio Poder Judicial y del Consejo de la Magistratura, actos del Tribunal de Cuentas, de la dirección de Minería, de los entes descentralizados, de los municipios".
"De allí que quienes tengan la misión de seleccionar y designar a los futuros jueces contencioso administrativo deben hacerlo sobre las bases de probada idoneidad y acreditada concepción de la imparcialidad e independencia como valores concretos de su futura magistratura", afirmó el abogado.
GUILLERMO BERTO
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