NEUQUEN (AN)- Como si se hubieran puesto de acuerdo, durante 2006 los jueces neuquinos cerraron con absoluciones y sobreseimientos numerosas causas penales con profundas implicancias políticas. Sin embargo quedaron, para este año electoral, muchas otras de espeso contenido que podrían influir con su presencia en los discursos de campaña.

Entre las causas cerradas hay un puñado que estaban a punto de cumplir una década, como los casos TCI I y II (contra ex funcionarios de la última gestión de Felipe Sapag y hasta un hijo del cinco veces gobernador) o la llamada "causa CALF" contra Osvaldo Bonvín y su directorio en la cooperativa. En todas se llegó a la conclusión de que no había existido delito.

Hubo otros expedientes que tuvieron una vida más corta aunque igual de intensa: los presuntos enriquecimientos ilícitos del ex ministro Luis Manganaro y del diputado Oscar Gutiérrez.

Las primeras llegaron hasta el juicio oral, pero las dos últimas nunca estuvieron ni cerca de esa instancia. Es más: en el caso de la investigación de los bienes de Manganaro, fue el fiscal (encargado de impulsar la acusación) el que pidió el archivo.

Hubo un intento por clausurar otro expediente polémico: la agresión a Gerardo Hettinger, que tiene como uno de los acusados al candidato a gobernador Julio Fuentes. Pero la defensa hizo todo lo posible para que el juicio se frustre, y por ahora lo consiguió: dos veces fue postergado el inicio, y la nueva fecha fijada es el 22 de febrero.

Para el futuro queda pendiente una investigación que inquieta mucho al gobierno que se va: el escándalo Temux, que le hizo perder al Banco Provincia de Neuquén 23 millones de pesos (ver

aparte).

Los únicos que el año pasado recibieron condena fueron dos piezas menores del Movimiento Popular Neuquino: el ex intendente de Cutral Co Daniel Martinasso, sentenciado a dos años de prisión en suspenso por manejos de ATN y el puntero Juan Antío, que recibió 4 años de prisión efectiva por dispararle a una persona en un contexto de pelea familiar. En cambio no se investigó su presunta participación en otra causa polémica: la "zona liberada" frente a la destilería de Plaza Huincul, cuando los docentes fueron desalojados a golpes por supuestos obreros de la UOCRA comandados por Antío. El gobernador Sobisch se atribuyó haberle dado la orden a la policía para que no actuara, pero ese expediente está inmóvil.

Otras causas que fueron a parar al archivo habían sido abiertas en San Martín de los Andes con fuerte olor a revancha política: en febrero de 2005 fue allanada la municipalidad conducida por el peronista Jorge Carro, apenas 48 horas antes de que la visitara Néstor Kirchner; en noviembre del año pasado, Carro y los otros acusados de un supuesto cohecho fueron sobreseídos.

Algo parecido puede decirse del planteo de inconstitucionalidad formulado contra el llamado a elecciones de convencionales para reformar la Carta Orgánica de San Martín. Dos años tardó el TSJ en confirmar su legalidad.