En marzo se cumplirán tres años de la puesta en vigencia de la ley 3.820, que estableció la obligatoriedad en Río Negro de circular con el "último comprobante de pago del impuesto a los automotores".

Esta norma fue sancionada el 24 de febrero de 2004, promulgada por el decreto Nº153 de tres días después. La vigencia se preveía con su publicación en el Boletín Oficial, que se cumplió el 1 de marzo de ese año.

Otras normas y convenios con Rentas facultaban a la policía para participar del requerimiento del último pago de patentes.

Además, el esquema y la política general buscaba que la policía participe del incremento de la recaudación del impuesto de automotores que se generaría a partir de la labor de control asignada a esa fuerza de seguridad.

Este sistema nunca entusiasmó a la conducción de Rentas, que lidera Graciano Bracalente. Se entendía que no era posible participar a la policía de las subas de los recursos por patentes y, además, se cuestionaba la capacitación de los uniformados para esa misión.