Santiago de Chile (dpa) - El bombardeo al palacio de La Moneda del 11 de septiembre de 1973, a cargo de los golpistas encabezados por Augusto Pinochet, marcó el inicio de una ola de represión que seguiría con miles de detenidos, torturas, exilio, allanamiento de poblaciones y centenares de ejecuciones sumarias que derivaron en desaparición de personas. La violencia de los hechos y la impunidad que persevera en la mayor parte de los casos derivaron en una herida abierta que aún sangra y dificulta el reencuentro entre los chilenos.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), dados a conocer en 1991 durante la presidencia de transición a la democracia de Patricio Aylwin (1990-94), y que pretendía "clarificar toda la verdad" de las violaciones de los derechos humanos, en el período 1973-90 hubo 2.025 casos de muerte, de los cuales 1.197 son desaparecidos. El Informe Rettig, que sólo incluye los casos de personas que se acercaron a hacer denuncias y que debían ser comprobables, presenta como grave falencia el no haber incluido las cifras de torturados. Lo anterior lo corrigió el llamado Informe Valech, dado a conocer en diciembre de 2004, que comprobó casos de tomentos aplicados a 28.459 personas, de las cuales 1.244 eran menores de 18 años.
Pese a la complacencia de la Justicia local, que rechazó los casi 8.000 recursos de amparo presentados, los militares dictaron una Ley de Amnistía que cubre el período más duro de la represión, 1973-78, que es donde se concentra el 80 por ciento de las desapariciones, principalmente a manos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta represiva que dependía de Pinochet. Los exonerados por razones políticas de los servicios públicos no fueron menos de 120.000 y en cuanto a exiliados, las cifras oficiales hablan de 40.000 personas que salieron con apoyo de organismos. A esto se debe sumar unos 15.000 extranjeros que simpatizaban con la Unidad Popular (UP) y que huyeron o se refugiaron en embajadas. El fallecido cardenal de Santiago Raúl Silva Henríquez elevó la cifra a un millón de personas, hacia fines de los años 70, considerando a aquellos que salieron del país por el clima de temor imperante o iniciaron el "exilio económico" por la política de shock neoliberal aplicada por las nuevas autoridades.
Aunque el Informe Rettig tuvo como gran virtud el "reconocimiento oficial" de las violaciones de los derechos humanos, no logró avanzar en la reconciliación nacional, pues se mantenía como una herida abierta el tema de los desaparecidos. En agosto de 1999, bajo el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se creó la llamada Mesa de Diálogo, entidad que estuvo conformada por las ramas armadas, las iglesias y demás organizaciones representativas, menos los familiares de víctimas que se automarginaron. El objetivo fue recabar el máximo de información sobre los desaparecidos. Los resultados fueron dados a conocer por el presidente Ricardo Lagos en enero de 2001. Los aportes documentados que dieron los uniformados, especialmente el Ejército, sólo consignaron 200 casos. Sin embargo, se señaló que 150 cuerpos fueron arrojados al mar, a ríos, lagos o bocas de volcanes, de modo que nunca aparecerían.
Aunque Lagos (2000-2006) defendió los resultados de la Mesa de Diálogo, pues se trató de la primera vez que las fuerzas armadas reconocieron hechos que antes negaban, la credibilidad de los datos recibió un golpe mortal cuando aparecieron en tierra varios cuerpos que supuestamente estaban en el mar. Este año, los partidos políticos de gobierno pidieron al Ejecutivo derogar la Ley de Amnistía, lo que fue aceptado por la presidenta Michelle Bachelet. En cuanto al objetivo de lograr la reconciliación, el ex presidente Aylwin resumió el sentir general al señalar que ésta nunca se logrará, pues ninguna medida dejará a todos satisfechos y deberá esperarse a que mueran las generaciones que se vieron envueltas en los hechos anteriores y posteriores al 11 de septiembre de 1973, el día que dividió en dos la historia de Chile.
