El diferendo acerca de las pautas que deberían regir el funcionamiento del casino quedó entrampado en un conflicto que será muy difícil de saldar sin afectar algún interés particular.

La genuina preocupación por los puestos de trabajo que podrían perderse si prospera la restricción horaria se superpone con los estragos que causa el juego en los bolsillos de los que menos tienen.

Nadie desconoce que las máquinas tragamonedas suelen ser acaparadas por los beneficiarios del plan Jefes de Hogar en los días que cobran el subsidio.

Ese penoso emergente social no sólo fue advertido por el concejal que impulsa la regulación de los casinos sino también por muchos vecinos que se comunicaron con él para pedirle que no retroceda con la iniciativa.

Además de la amenaza del despido, los trabajadores apuntalan sus argumentos con la supuesta imposibilidad de que el municipio altere las condiciones del contrato de concesión que Worest firmó en su momento con la provincia.

Martínez Infante confesó su malestar ante este último factor de presión y reivindicó la autonomía municipal para legislar sobre las reglas de funcionamiento de los casinos, tanto como las de cualquier otra actividad comercial en su jurisdicción.

Se avecina, en definitiva, un debate indispensable que ofrecerá además la chance de delinear las tan declamadas "políticas de Estado". (AB).