La decisión del gobierno rionegrino de descalificar al Banco Nación y excluirlo en la nueva licitación de un agente financiero para el Estado provincial es insólita.

Si algo sorprendió positivamente cuando se recibieron las propuestas fue, precisamente, que una entidad centenaria y solvente como el Banco Nación aspirara a realizar un servicio que los rionegrinos padecieron en algunas localidades.

Argumentar que "el Banco de la Nación no ha acreditado en forma completa, sus balances y estados contables, capacidad económica, técnica y personal para afrontar las obligaciones del contrato" es desopilante. Los balances y la capacidad económica y técnica del Banco Nación son información pública desde la creación de esa entidad, en 1891. Independientemente de los trámites que haya que cumplir en una licitación, a nadie puede escapar que el Banco Nación tiene más de 600 sucursales en el país, tiene en Río Negro más sucursales que el Banco Patagonia, y que ha sido durante su historia uno de los motores del desarrollo económico del país.

Tampoco es ningún misterio, y sin que implique restar méritos a la meteórica carrera de crecimiento del Patagonia, que esta entidad era poco más que una financiera cuando en 1996 adquirió el paquete accionario del ex Banco Provincia de Río Negro y que creció merced a tener como clientes forzosos a los 36.500 estatales rionegrinos, a los 5.000 empleados de todos los municipios y gracias a las nada bajas comisiones por actuar como agente del Estado rionegrino.

Durante los diez años que lleva haciendo esta tarea, el Banco Patagonia cerró cajeros y sucursales en Río Negro, privilegiando su interés por encima de los compromisos contractuales, por lo cual fundamentar hoy la exclusión del Nación sólo en que tiene menos cajeros que aquel tampoco resulta razón elocuente.