La permanente actitud de desplazamiento de la "inclusión" social hacia el futuro, nos obliga a pensar que la exigencia del cumplimiento de las leyes, por momentos parece una utopía.
Pero como bien sostiene el Dr. Eugenio Zaffaroni "la diferencia entre la utopía y el absurdo estriba en que la primera aún no se ha realizado, en tanto que el segundo nunca podrá realizarse. Si la institucionalización total genera condicionamientos negativos que deterioran a las personas institucionalizadas y además, por mucho que mejoremos las instituciones, jamás podremos suprimir totalmente estos condicionamientos y sus efectos deteriorantes, la institucionalización jamás podrá tener un efecto resocializador".
Supuestamente las cárceles tienen como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de los reos detenidos en ella, proscribiendo toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que ello exija (art. 18 de la C.N). Pero a pesar de las reformas a nuestra Constitución desde el año 1994, el avance del cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad es lento pero no imposible.
Hasta hace unos días la razón de la privación del derecho a votar de los detenidos sin condena, era la falta de reglamentación de la ley 25858 . Sin embargo el "Observatorio de DDHH y personas en situación de encierro", ha sostenido en su recurso de amparo presentado oportunamente ante la Justicia electoral, que privarlos de su derecho a votar cuando aún le rige el principio de inocencia, lesiona el principio de igualdad y afecta a sus derechos políticos sin causa justa, porque cuando un procesado no vota, estamos anticipando una pena de un modo absolutamente injusta, denigrándolo y desmoralizándolo.
Estar privado de libertad no es sinónimo de despojo de derechos. Las cárceles en general, y en esto Río Negro no es la excepción, no son un problema de "ladrillos", sino que lo que como sociedad tenemos que resolver, es qué queremos hacer con las personas que hay detrás de esos ladrillos.
Que en las elecciones del 2007 los procesados puedan ejercer el derecho a votar es también una oportunidad para elegir o rechazar a este poder político que tal vez ha tenido que ver, poco, mucho o nada en su actual privación de libertad y derechos.
Caso contrario, esta pregonada "inclusión" social de los detenidos se convierte en un absurdo, en una suerte de pena de muerte "parcial", incompatible con los más elementales principios de consideración a la dignidad humana.
BEATRIZ SILVA (*)
(*) Integrante del Observatorio de DDHH de Río Negro.
