ROCA (AR).- Cientos de presos sin condena podrán votar en las diferentes elecciones municipales, provinciales y nacionales que se realizarán el año próximo en Río Negro y Neuquén.

La inclusión quedó confirmada esta semana a partir de un decreto firmado por el presidente, Néstor Kirchner, previéndose que más de 42.000 detenidos procesados quedarán en condiciones de elegir autoridades en todo el país.

La noticia generó satisfacción a los organismos de derechos humanos de la región, que pugnaban desde hace meses por el cumplimiento efectivo de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esa sentencia fue dictada en 2002, declarando inconstitucional el artículo del Código Nacional Electoral que prohibía el voto de los detenidos con prisión preventiva. Un año más tarde se sancionó la ley 25.858, que derogó la mencionada disposición, pero la reglamentación de la norma se dilató y recién el miércoles pasado llegó la rúbrica para el decreto reglamentario.

En Río Negro hubo un intento cercano por hacer respetar el derecho al voto de las personas encerradas que todavía no fueron declaradas culpables de un delito.

Fue en los días previos a las elecciones legislativas de 2005, cuando el Observatorio de Derechos Humanos presentó un recurso de amparo exigiendo que se obligue al Estado provincial a dar cumplimiento efectivo de la Ley 25.858.

Los argumentos de la presentación se basaron en el fallo de la Corte Suprema para el caso "Mignone", donde se transcriben los artículos de la Constitución Nacional que expresan que "el ejercicio del derecho del voto está estrechamente relacionado con el mencionado principio de la soberanía popular, que no refleja solamente el mero acto electoral individual sino también la conformación de la estructura gubernamental y del sistema de derechos de acuerdo con este principio con la forma republicana de gobierno".

No obstante, ese reclamo no prosperó y los comicios transcurrieron sin urnas en las cárceles de Viedma, Bariloche y Roca.

Según informó esta semana el diario "Página 12", el proyecto de reglamento que se convirtió en decreto -elaborado en el ámbito de la Secretaría de Política Criminal, junto con la Dirección Nacional Electoral, la Procuración Penitenciaria y el CELS fue aprobado por los ministerios de Interior y Justicia.

Respecto de la instrumentación del mecanismo, trascendió que a cada votante detenido se le dará una boleta del distrito correspondiente en la que deberá marcar la lista elegida. Además, el sistema funcionará de forma tal que el voto de los reclusos se mantenga en secreto para el personal penitenciario.

Los presos votarán según su último lugar de residencia y las mesas electorales funcionarán en los establecimientos penitenciarios y no en las comisarías. Las autoridades de los comicios serán los funcionarios de las cárceles.

Además, los presos deberán contar con información previa de los distintos candidatos, por lo cual "podrá adquirir a su costa o recibir diarios, periódicos, plataformas de distintos partidos políticos, revistas y libros de libre circulación en el país".