La reciente renuncia del juez federal Jorge Urso sumó ayer una dimisión más a las 142 bajas de magistrados de todos el país que tuvieron lugar desde que asumió el presidente Néstor Kirchner, el 25 de mayo del 2003.

Urso fue el magistrado que encarceló a Carlos Menem por la venta ilegal de armas y es uno de los pocos sobrevivientes de los '90.

De los 143 jueces renunciantes, en tanto, al menos 16 de ellos decidieron abandonar sus cargos mientras el Consejo de la Magistratura tramitaba pedidos de juicio político en su contra.

En el caso de Urso, los motivos del juez se relacionarían con problemas de salud, pero fuentes judiciales recordaron que hoy la Comisión de Acusación se aprestaría a avanzar en una citación contra el juez por supuesto mal desempeño de sus funciones.

Los motivos esbozados por los jueces al momento de pedir su renuncia muchas se vinculan también con haber llegado a la edad para jubilarse, como sucedió con tres jueces del fuero en lo Penal Económico: Julio Speroni, Julio Cruciani y Bernardo Vidal Durand.

Según se indicó, el nivel de deserción registrado durante este Gobierno es el más alto desde la restauración de la democracia y también se manifestó claramente con el recambio de jueces impulsado en la Corte Suprema.

Hasta el momento, y según lo publicado por el Consejo de la Magistratura hay 145 Tribunales acéfalos, lo cual complica la actuación de aquellos magistrados en actividad que tienen actuar como subrogantes y no dan abasto con la actividad judicial.

El Consejo de la Magistratura impulsó cinco investigaciones contra el renunciante juez federal Jorge Urso, e incluso en las próximas horas iba a solicitarse su virtual indagatoria en el marco de las sospechas en su contra, que hasta incluían las acusaciones de una ex mucama por supuesto enriquecimiento ilícito.

Las acusaciones

En el Consejo de la Magistratura, la Comisión de Acusación iba a analizar hoy una causa que instruyó Urso por la supuesta comercialización de combustible adulterado, donde se investigó a la empresa Inobrweca SA y por la que fue detenido su titular, Miguel Angel Acerboni.

La denuncia fue presentada por el padre de este imputado, del mismo nombre, que sostuvo que el abogado defensor que contrató le habría solicitado unos 60 mil pesos para darle al ex secretario de la causa y al juez, gestiones ambas que resultaron infructuosas.

Lo cierto es que, en esta causa, a pesar de tratarse de un delito excarcelable, el juez dictó el procesamiento con prisión preventiva para Acerboni en septiembre del 2002, y cuando se tuvo que probar la supuesta utilización de nafta adulterada los análisis químicos no fueron concluyentes, señala el informe. Fue así como Urso terminó acusado de "desconocimiento del derecho, arbitrariedad prematura y arbitrario auto de procesamiento con prisión preventiva". (Télam)