NEUQUEN (AN).- El intendente Horacio Quiroga volvió a cargar contra el MPN durante su defensa por el juicio político que el partido provincial admitió en su contra por el caso Pili, y jugó una carta que tenía bajo la manga: reveló que la casa del hombre que murió luego de quemarse a la bonzo para evitar que lo desalojaran, fue catalogada como "edificación a demoler" durante la gestión del gobernador Jorge Sobisch como intendente de la ciudad hace una década.

No fue el único dardo que lanzó contra el MPN. También afirmó que ambos juicios políticos -el otro es por el caso Pacek- fueron admitidos luego de que el vicegobernador Federico Brollo "le ordenara a la concejal (Gloria) Sifuentes que a mí había que tenerme pastoreando, lo cual por sí solo habla de las circunstancias" bajo las que se están realizando los enjuiciamientos.

A diferencia del miércoles último, cuando fue al Concejo Deliberante para exponer su defensa por el caso Pacek, el intendente optó ayer por hacerlo en forma escrita. "Lo hago así ante la ausencia de los concejales que admitieron el juicio pero que optaron por ausentarse", dijo en alusión al viaje de los ediles del MPN a El Calafate.

Apeló a un eje político y otro técnico para intentar despegarse de la acusación. El primero lo hizo girar sobre el MPN, y el restante en torno al accionar de la justicia. Sus defensores Marcelo Inaudi y Hugo Prieto, indicaron que según los planos de la dirección de Catastro municipal, la casa que Pili tenía en Gatica y Domene estaba catalogada como edificio a demoler. "Por una extraña paradoja, lo que llama la atención es que el plano fue rubricado por el entonces intendente, Jorge Sobisch, y su secretario de Gobierno Municipal, Federcio Brollo. Ellos fueron las primeras autoridades municipales que enmarcaron en la demolición la casa de Pili", afirmó Inaudi.

Además mencionó que el Concejo Deliberante solicitó en forma unánime la clausura del taller que Pili tenía junto a la vivienda, y lo mismo hizo la Defensoría del Pueblo de la ciudad. "Si

Quiroga no actuaba, podría haber sido demandado penalmente por incumplimiento de sus deberes", consignó. "Así las cosas, ninguna responsabilidad cabe imputarle al municipio. Y si no existe responsabilidad de la persona pública mal puede existir responsabilidad alguna de sus funcionarios en general y del intendente en particular", agregó.

Por otra parte remarcó que en abril de 2002 el municipio inició la demanda de desalojo. Desde entonces y hasta el día del desalojo, el tema estuvo en manos de la justicia provincial. Entre otras medidas del juez, mencionaron pericias que determinaron que la vivienda "está totalmente en espacio público", además de un informe del Registro de la Propiedad Inmueble que también sostuvo "que el bien era de dominio público". Dijeron que la licencia comercial que tenía PIli, la obtuvo utilizando "la nomenclatura catastral de un vecino".

En este contexto sostuvieron que "la efectivización del desalojo fue dispuesta por un juez del Poder Judicial de la provincia, y ejecutado por un Oficial de Justicia dependiente del mismo poder, y con auxilio de la policía de la provincia, ajenos todos ellos al ámbito municipal". Y destacaron que "la dramática decisión de Pili, no pudo ser prevista ni evitada por el oficial de justicia, ni el personal policial ni bomberos que estaban en el lugar y en el momento del hecho. Mucho menos se le puede exigir al intendente que haya podido prever esa decisión". Tras el descargo, la Comisión Investigadora analizará los argumentos de la defensa durante diez días hábiles. Luego emitirá un dictamen a la Sala Acusadora que deberá definir la situación de Quiroga.