LA PAZ (DPA) - Con la polarización de los movimientos sociales y cívicos, el presidente de Bolivia, Evo Morales, afrontará hoy un paro general de 24 horas que afectará a la mitad del país y parece marcar un franco distanciamiento entre su administración y las regiones.

La protesta, que la administración del líder indígena tilda de "política", es promovida por los departamentos de Santa Cruz (oriente), Beni (noreste), Pando (norte) y Tarija (sur).

A menos de ocho meses de iniciar su gestión, la relación entre Morales y las regiones que conforman la llamada "media luna" se encuentra en una etapa conflictiva, ante la oposición expresada por dirigentes a la postura del oficialismo en la Asamblea Constituyente.

"El paro está fijado desde las cero horas del este viernes 8 de setiembre", dijo el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Hernán Santa Cruz, quien aseguró que no existe "ninguna instructiva" para suspender esta medida de presión.

Los comités cívicos, prefecturas (gobernaciones) y la oposición encabezada por la agrupación Poder Democrático y Social (Podemos) rechazan el reglamento de debates aprobado "en grande" (texto completo) por la Constituyente, que prevé la aprobación de los modificaciones por "mayoría absoluta" (50 por ciento más uno) y reconoce el carácter "originario" a esta Asamblea.

Estos sectores reclaman que los artículos sean avalados por "dos tercios" (170 votos) y se oponen a que la Asamblea esté "por encima" de la ley que permitió su convocatoria y de la actual Carta Magna. Podemos ha alertado sobre un eventual intento de "autogolpe" si la Constituyente se declara "originaria".

Sin embargo, la administración de Morales ha descalificado la protesta, al indicar que tiene un trasfondo político y es orquestada por Podemos, el partido del ex mandatario Jorge Quiroga (2001-2002), quien fue derrotado por Morales en las pasadas elecciones.

"Deseamos que el paro cívico se realice con la mayor normalidad posible. Invocamos a que los comités cívicos no se dejen usar como una herramienta política y además como una fuerza coercitiva", declaró el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, al insistir en que se trata de un "paro político". El vicepresidente del comité Pro Santa aclaró que es "un paro de toda la ciudadanía (y) no de un partido político", mientras el presidente del comité de Tarija, Francisco Navajas, aseguró que se trata de una medida "eminentemente cívica" y atribuyó las acusaciones a una "contraofensiva" oficial.