Por ALICIA MILLER

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Tanto las declaraciones de Sandra Montero como las críticas de quienes la cuestionaron y la tarea de los medios que difundieron el tema, caminan en el estrecho límite entre la vida privada y el interés público por esclarecer hechos de corrupción concretados en el ámbito del Estado.

Quienes se sienten afectados por la declaración de Sandra Montero buscaron ayer desprestigiarla en lugar de brindar pruebas de que no ha dicho la verdad. Hubo quien buscó asociar la decisión de Montero de irse del país a una presunta "huida". Otros, sugirieron que hablaba por odio o despecho por una presunta ruptura de una relación sentimental.

Uno y otro argumentos tienden a cambiar el foco de atención del denunciado al denunciante. Y cuando se trata de una mujer, el arma de desprestigio más a mano suele estar asociada con la intimidad, la sexualidad, los vínculos afectivos.

Según la doctrina jurídica y la ética periodística, la vida privada de los hombres públicos es mucho menos reservada que la de las personas comunes. Esto es así porque políticos, artistas y otros personajes "mediáticos" se han puesto voluntariamente en la vidriera.

Es el caso de Costanzo. Pero no el de Sandra Montero, que no es una dirigente política de primera línea sino, en todo caso, una de tantas militantes y colaboradoras. La discreción, en este caso, es norma, y la difusión, excepción.