ROCA (AR).- La denuncia pública de discriminación que sufrió una pequeña de esta ciudad cuando cinco taxistas se negaron a trasportarla por movilizarse en una silla de ruedas, generó malestar y causó ayer múltiples repercusiones en diversos ámbitos. Fue así que el intendente roquense Carlos Soria, mantuvo una reunión durante la mañana con los titulares de la empresa de taxis Actaro (Asociación Civil de Titulares de Taxis de Roca), la madre de la pequeña Rocío, Marianela Bahamondes, y el director de Tránsito y Transporte del municipio, Alberto Gómez.

En el encuentro, según manifestó Soria, se informó de la situación que vivió la niña que padece parálisis cerebral y de la odisea que vivió -junto a su padre y una hermana menor- para llegar a su a casa ubicada en el barrio 160 viviendas, lo cual los perjudicados lograron a través de otro móvil de la empresa Comahue.

"Yo le dije a Marianela que esto no se repetiría, por eso mantuvimos la reunión", señaló el jefe comunal. Entre las medidas resueltas, a través de la dirección de Transporte, se indicó que se investigará el caso denunciado y luego se evaluarán las posibles sanciones que pudieran caberle a los choferes, entre ellas, hasta una inhabilitación definitiva para prestar el servicio.

Soria tampoco dejó de pasar por alto que la empresa de taxis a la que pertenecen los cinco conductores, es la única de Roca que cuenta con un vehículo acondicionado para llevar a personas con problemas motrices.

Esto es lo que establece la ordenanza municipal 4.081 que fue sancionada en agosto de 2005, aunque evidentemente el caso desnudó que no todas las bases de radiotaxis la cumplen.

En el artículo 63, inciso i, se explica que las empresas prestadoras de este servicio deben contar con una unidad adecuada para el transporte de personas con capacidades físicas diferentes, y por esto gozarán de la exención del 50% del valor de la licencia.

También se dispone que el plazo para la incorporación de estas unidades es de 180 días a partir de la vigencia de la norma. Plazo que nunca se respetó.

Si bien no trascendieron mayores detalles de lo que ocurrió puertas adentro de la reunión, luego se comentó que los propietarios de Actaro, pusieron esta camioneta a disposición de la familia afectada.

Y según expresaron, en caso de que esta unidad no esté disponible, la familia dispondrá de dos unidades para transportarse si así lo quiere.

Como si fuera poca la polémica que generó la salida a la luz del lamentable caso, el titular de la empresa denunciada, Abel Gallego, ayer sostuvo que la constancia de los movimientos diarios de las unidades que registran las planillas de la base no coinciden con lo denunciado por Bahamondes.

Por su parte, la titular del Consejo del Discapacitado de Roca, Martha Ramidán, se solidarizó con la familia afectada y sostuvo que lo acontecido "es un caso de discriminación absoluto, y es un horror", dijo.

Desde el organismo se solicitó la intervención del municipio a través de la dirección de Tránsito.

Por otra parte, a raíz de la denuncia pública que hizo la madre de Rocío, las autoridades municipales se comprometieron ayer a verificar a través del área de Tránsito que todas las prestadoras del servicio de taxi cumplan con la normativa municipal.

Las sanciones

Según informó el titular de Tránsito de esta ciudad, Alberto Gómez, se le pidió a la joven madre que inste a su marido a consignar la mayor cantidad de datos para identificar a los taxistas que se negaron a llevarlos.

Esto, dijo el funcionario local, ayudará a "empezar a investigar y verificar la situación para luego sancionar a los choferes". Gómez sostuvo que la infracción que fijaría el Juzgado de Faltas, podría llegar a ser tan severa que "dejaría a los cinco taxistas sin la licencia habilitante".

Finalmente y a pesar del repudiable momento que vivió la familia de Rocío, la madre de la niña reafirmó que no presentarán su caso ante la justicia. "La situación de discriminación que vivimos se repite diariamente, desde miradas despectivas hasta lo que nos pasó el viernes", resaltó.