La mayoría del arco político legislativo de Neuquén está decidido a que su provincia no espere un día más para tener implementado y en funcionamiento un "Registro único de aspirantes a guarda con fines de adopción", para así cortar definitivamente con la modalidad instalada de entrega directa, que vulnera los derechos de los niños y facilita un eventual tráfico de bebés en toda la región.

El consenso gira en torno al proyecto de ley que en este sentido viene proponiendo desde hace más de un año el legislador del MID Ricardo Rojas, y que en esta última instancia parlamentaria la comisión de Desarrollo Humano y Social estudió minuciosamente, incluso incorporando absolutamente todas las observaciones que semanas atrás produjo el doctor Norberto Liwski, vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño/a y Adolescente de Naciones Unidas en su paso por Neuquén capital.

"La ley está para salir: todo indica que será así", adelantó a este diario la diputada Gemma Alicia Castoldi, presidente de la comisión de Desarrollo Humano y Social. "Tiene el visto favorable de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, de los jueces de familia, del Foro en Defensa de los Derechos de los niños/as y adolescentes- ley 2302 y de los diputados de la mayoría y minorías. Por lo tanto, ni bien retomemos la actividad legislativa tras este pequeño receso administrativo de esta semana, el proyecto de ley del diputado Rojas será debatido. De hecho la comisión sigue reuniéndose", acotó.

"Para nosotros también fue fundamental que una autoridad de la talla de Liwski haya visto el proyecto, lo haya observado y que después nosotros lo adecuásemos a lo que legal y éticamente corresponde", agregó.

Dependa del Poder Judicial

Todos los legisladores entrevistados por "Río Negro" subrayaron con especial énfasis la propuesta de Rojas de que el Registro Unico debe funcionar como un organismo del Poder Judicial de la Provincia, dependiendo del Tribunal Superior de Justicia, con competencia en todo el territorio neuquino. "Esto es básico y vital; es todo un avance que sea así y no de otro modo", coincidieron en opinar Jesús Escobar, del Movimiento Libres del Sur, y Beatriz Kreitman, del ARI. Lo mismo dijeron Castoldi y Pablo Tomasini del Frente Grande.

En este sentido, el "Foro en defensa de la ley 2302" expresó: "nuestra experiencia indica que no es el Poder Ejecutivo un área adecuada para manejar un Registro de Aspirante a Adopción. Es un tema delicado, aunque quizás menos definitivo como es

el Programa de Familias Sustitutas, donde se transgredió la ley, reintegrando niños a sus familias biológicas, sin autorización judicial, niños que habían sido separados judicialmente de sus familias biológicas por graves situaciones de malos tratos. Esta situación derivó en una acción judicial de amparo, iniciada por la Defensoría de los Derechos de los Niños, ya que a pesar de las intimaciones de uno de los juzgados de Familia hacia el Ministerio de Acción Social, la actividad contraria a la ley no cesó. El Juzgado que resolvió el amparo es el Juzgado de Familia N4. Por esto es que consideramos que el Registro de Aspirantes de Adopción en la órbita del Poder Ejecutivo Provincial colocarían a los niños y adultos involucrados en el proceso, en grave riesgo de ser víctimas de vulneración de derechos".

De lo propuesto por el autor del proyecto se destaca como altamente beneficioso que no deja resquicio alguno -sobre todo legal- para que intermediarios (en Neuquén se los llama "cazapanzas") comercialicen con las necesidades de pretensos adoptantes, por un lado, y de mujeres gestantes en situaciones de riesgo, por otro. "No deja baches para interpretaciones arbitrarias judiciales", advierte Rojas.

"A la hora de redactar el proyecto de ley partí de una premisa que no debe olvidarse nunca: la adopción es una institución reparadora. En consecuencia, todo el accionar de ahí en más debe responder a esta consigna", asegura.

Por lo tanto, en total concordancia con la Convención de los Derechos del niño/a y la legislación nacional vigente es que el legislador del MID plantea:

* crear un registro único que dependa del Poder Judicial neuquino.

* garantizar el respeto del orden de prioridad de la fecha de inscripción de los aspirantes al registro, sin velos de misterio y hermetismos sospechosos.

* sólo podrá apartarse de este orden de prioridad, con carácter restrictivo y fundado, cuando se trate de hermanos, niños con capacidades especiales, los miembros de la familia extensa del niño pida la guarda o la identidad cultural del niño así lo justifique. Sólo en estos casos, se insiste.

* quedará debidamente documentada la realidad biológica y el origen del niño/a y, entre otros puntos,

* que los inscriptos aspirantes se comprometerán a hacer conocer al adoptado su origen.

Cuando "Río Negro" le preguntó a algunos legisladores neuquinos que en los próximos días debatirán este proyecto de ley si "en el caso de que tuviesen ellos mismos que adoptar un hijo, ¿qué marco legal prefirirían para hacerlo?", absolutamente todos respondieron positivamente por el proyecto de Rojas: "asegura legalidad, legitimidad y transparencia. Es lo que uno quiere, como mínimo, para su hijo".

En esta región, donde las sospechas en este sentido suelen aparecer por la persistente presencia de "intermediarias/os" entre parejas estériles y mujeres pobres marginadas no es poca cosa; más aún en Neuquén capital donde el Registro de Adopción no funciona desde hace años. "Por todo esto, este proyecto es un gran avance", concluye en decir Genna Castoldi.

HORACIO LARA

hlara@rionegro.com.ar