NEUQUEN (AN).- La dinámica que en los últimos tiempos adquirió la temática ambiental le imprimió un impensado impulso a una multimillonaria demanda presentada por una organización de superficiarios contra todas las empresas petroleras que operan en la denominada Cuenca Neuquina.

El reclamo exige -entre otras cosas- la remediación de áreas contaminadas, el reestablecimiento de la fauna autóctona y una compensación por los efectos de la explotación en los recursos hídricos. La causa está siendo evaluada desde hace dos años por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el monto que implicaría a las empresas es superior a los 2.000 millones de dólares, confiaron fuentes que siguen de cerca la denuncia judicial.

Los demandantes están agrupados en la Asociación de Superficiarios Patagónicos (ASUPA) y a la postre -de prosperar la denuncia- no cobrarían ni un centavo. Es que el reclamo no es por dinero sino por la remediación de los daños provocados por la explotación hidrocarburífera en Neuquén, Río Negro y una porción de Mendoza.

Los superficiarios en este caso no son los directamente afectados: los damnificados son todos los habitantes de las provincias sometidas a la actividad, una cuestión que se define como daño ambiental colectivo, contenida en el artículo 30 de la ley de política ambiental 25.675.

"Producido el daño ambiental colectivo, tendrá legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el defensor del Pueblo y las organizaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal (...)", indica la norma que, hasta ahora, no había aplicado el artículo en cuestión.

Entre las obras más onerosas que deberían encarar las empresas, se pueden mencionar los 120.000 kilómetros de picadas (caminos dentro de los campos en producción) que se contabilizan en la Cuenca Neuquina y la recuperación de las piletas de descarga que fueron cubiertas sin ningún tipo de tratamiento a mediados de la década del 90, explicó el abogado de ASUPA Luis Arellano.

Una de las bases de la presentación judicial está documentada por las Naciones Unidas. Fue en 1997 a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que en la evaluación de sólo tres yacimientos (Huantraico, Chihuido de la Sierra Negra y Puesto Hernández) determinó un pasivo ambiental de 650 millones de dólares.

En aquella oportunidad, el gobierno neuquino -con Felipe Sapag al frente del Ejecutivo- estimó que el pasivo en toda la provincia superaba holgadamente los 1.000 millones de dólares. En aquella oportunidad, el informe PNUD disparó la sanción de la ley provincial 2.183, que en rigor nunca se aplicó.

En la mencionada legislación se le abre la puerta para el reclamo a los estados (provincial o nacional) pero también a las organizaciones no gubernamentales, tal es el caso de ASUPA. Como los primeros no hicieron nada, la organización avanzó con el reclamo que por su temática y por tratarse de una cuestión interprovincial se presentó directamente ante la Corte Suprema, que el 13 de julio de 2004 le dio cabida. Desde entonces el tema no avanzó sino hasta ahora, a partir de que el tema ambiental se transformó en un tema clave en la agenda política nacional.

El político y la crisis diplomática con Uruguay que desató la instalación de las papeleras en Fray Bentos y la postura que asumió el presidente Néstor Kirchner modificó incluso la agenda de la Corte y activó otra causa que hasta ahora había tenido un aletargado tratamiento. Se trata de la contaminación de la cuenca Riachuelo-Matanza en la provincia de Buenos Aires. Por las graves consecuencias denunciadas ante la Corte por un grupo de 35 vecinos de un barrio de Dock Sud, 41 empresas deberán sentarse junto a los jueces, los estados y los damnificados para definir un saneamiento que representará varios millones de dólares.

Según han publicado diarios con alcance nacional, entre ellos "La Nación", el máximo tribunal de justicia tiene muchas razones para hacerse cargo de la causa del Riachuelo, necesariamente atada a la de los superficiarios. Por otra parte, Ricardo Lorenzetti, uno de los ministros que más suena para presidir la Corte a partir del año que viene, tiene un especial interés en las cuestiones ambientales.