NEUQUEN (AN)- Los jueces de la Cámara Criminal Segunda de esta capital rechazaron ayer los pedidos de prescripción y nulidad formulados por los defensores de los ex funcionarios y empresarios procesados por la causa TCI, en la que se investiga el uso de alrededor de 4 millones de pesos-dólares de las arcas públicas durante el gobierno de Felipe Sapag para cancelar deudas con esa empresa constructora.

Los planteos fueron formulados en la primera audiencia del juicio que comenzó ayer. Al ser rechazados, quedó habilitada la continuidad del proceso en el que está involucrado Luis Sapag, el hijo del ex gobernador y caudillo del MPN.

Sin dar mayores argumentos, los integrantes de la Cámara, Héctor Dedominichi, José Andrada y Carlos Sierra, afirmaron que no correspondía hacer lugar a los pedidos de prescripción y nulidad solicitados.

En forma unánime los abogados defensores pidieron la prescripción de la causa, con el argumento de que la pena máxima prevista por el delito imputado a los acusados -fraude contra la administración pública y administración fraudulenta agravada, que es de seis años- superó el lapso transcurrido sin que exista una definición de la justicia y que es de diez años.

Los abogados Miguel Valero, Ricardo Cancela y Orlando Funes señalaron además que en la indagatoria no se les hizo saber a los acusados el hecho y el delito que les fue imputado. Por este motivo pidieron la nulidad de las indagatorias, que en caso de haber sido aceptada hubiese anulado la elevación a juicio.

En la audiencia de ayer aceptaron declarar sólo tres de los diez imputados: Fava, Juan José Tosello y Federico Rúa. Mañana continuará el juicio con la declaración de los testigos y el viernes serían los alegatos. De cumplirse estos plazos, los jueces emitirían la resolución la próxima semana.

La causa surgió a instancias de un decreto firmado por el Poder Ejecutivo a fines de 1995, días después de que Felipe Sapag asumiera como gobernador.

A través de la norma se le ordenó al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) firmar un acuerdo con la empresa Técnicas Constructivas Industrializadas (TCI), que reclamaba el pago de diferencias surgidas en los costos de construcción de viviendas durante el período hiperinflacionario de fines de la década del '80. Mediante un acuerdo transaccional, fueron autorizadas la cancelaciones de 3.307.438 pesos y luego de 750.000 pesos.

El entonces diputado provincial del Frepaso, Oscar Massei, denunció en una sesión el pago efectuado por el IPVU. Este fue el disparador para que Noemí Rosemberg, una ex empleada de la empresa que le había ganado un juicio laboral, formulara la denuncia penal.

Una de las acusaciones formuladas por el fiscal contra la mayoría de los imputados, es que el dinero pagado a TCI se hizo bajo la forma de certificado de obra para no "cumplir de esa manera con los embargos ordenados en los procesos judiciales que tenía TCI como demandada" (ver aparte).

La denuncia de Rosemberg derivó en dos causas TCI: la que está siendo juzgada ahora y que tiene como involucrados a ex funcionarios del felipismo, y otra más impulsada por Juan José Tosello contra Jorge Sobisch, Alfredo Pujante y Jorge Lara, entre otros, por el supuesto delito de hacer desaparecer una resolución del IPVU que le reconocía a TCI acreencias por asincronías y que ya fue cerrada con el sobreseimiento de los acusados.