El gobierno de Kirchner afirmó ayer que Uruguay encontrará "la mayor predisposición" al diálogo para solucionar el conflicto por las papeleras, si la convocatoria en ese sentido lanzada por el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, incluye la paralización de las obras.
"Esa voluntad de diálogo debería contemplar lo que ya hablaron los presidentes en marzo, que es la suspensión de la construcción de las obras mientras se realicen estudios" de impacto ambiental, dijo el subsecretario de Desarrollo Económico de la cancillería, Eduardo Sigal.
Consideró que las relaciones bilaterales están "en un paréntesis" tras el fracaso para encontrar una solución diplomática al diferendo por la construcción de dos plantas de pasta de celulosa en Uruguay, sobre la frontera con Entre Ríos, que Buenos Aires estima contaminará las aguas del río Uruguay.
El diplomático evaluó que la apelación al Tribunal Internacional de La Haya (CIJ) en mayo pasado para dirimir el conflicto representa "una desgracia" para las relaciones entre ambos países.
Vázquez instó a "buscar caminos de encuentro" con Argentina, aunque admitió que "aún no hay ninguna instancia prevista" de diálogo entre ambos gobiernos, según una entrevista divulgada el lunes por la televisión uruguaya.
Antes de la cumbre
Las afirmaciones se producen a poco más de un mes de una cumbre de los presidentes del Mercosur a realizarse el 20 y 21 de julio en la provincia de Córdoba y a la que Vázquez confirmó su presencia.
La cita será la primera ocasión en la que el presidente argentino, Néstor Kirchner y su par uruguayo participen en una actividad conjunta luego de la presentación en La Haya.
Para esos días se espera la decisión del tribunal internacional respecto a la petición argentina para que dicte una medida cautelar que obligue a la paralización de la construcción de las plantas que levantan la española Ence y la finlandesa Botnia en la limítrofe ciudad uruguaya de Fray Bentos .
En tanto, diputados del bloque oficialista presentaron ayer un proyecto de ley vinculado con las industrias de celulosa y papel y que serviría de marco regulatorio para la instalación y funcionamiento de este tipo de fábricas, en conferencia de prensa.
El proyecto garantizaría la participación de la población de la comunidad afectada e incluirían a las industrias que ya están funcionando y que en algunos casos no respetan los estándares más exigentes para la preservación del medio ambiente.
