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DERECHOS HUMANOS: El gobierno presiona, pero la Corte no tiene apuro por las leyes del perdón

Beliz: "En los países serios no demoran"

El gobierno aumentó ayer su presión sobre la Corte para que se expida sobre la constitucionalidad o no de las leyes de obediencia debida y punto final, que dejaron sin juicio a cientos de represores en la última dictadura militar El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, advirtió que "en los países serios" los pronunciamientos de la Justicia "no se demoran eternamente" en un tácito mensaje a la Corte para que resuelva la constitucionalidad o no de las leyes exculpatorias, dictamen que tiene pendiente hace más de un año. Sin embargo, el ministro resaltó la necesidad de respetar la "independencia" del Poder Judicial.

En tanto, el ministro de Defensa, José Pampuro, dijo que la reapertura de los juicios contra militares por crímenes de lesa humanidad "complica" a las Fuerzas Armadas, y pidió a la Corte que se expida "lo antes posible" sobre este asunto.

Pampuro dijo que debería "definirse lo antes posible si las leyes (de punto final y obediencia debida, anuladas por el Congreso) son constitucionales o no" Desde Paraná, Entre Ríos, el presidente Kirchner dijo que espera que "los argentinos podamos enorgullecernos de que hemos recuperado la justicia y se ha terminado la impunidad" para así, "terminar de saber qué pasó" en la última dictadura, a la que definió como "ese capítulo negro de la Argentina".

Mientras, en los tribunales el juez Sergio Torres quedó a cargo de las dos causas que la Cámara Federal porteña decidió reactivar para investigar los crímenes cometidos durante la última dictadura (1976-83) en la ESMA y los centros clandestinos de detención que funcionaron bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército.Sucede que la causa sobre los delitos perpetrados en la ESMA había sido remitida a la juez federal María Servini, quien se declaró incompetente para instruir el expediente.

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