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DERECHOS HUMANOS

El gobierno presiona, pero la Corte no tiene apuro por las leyes del perdón

"Todavía nos llevará un tiempo", dijo Carlos Fayt, presidente del Tribunal. No hay definición en los votos y aguardarán el ingreso de Zaffaroni.

El titular de la Corte, Carlos Fayt, dijo que no aceptan las presiones.

BUENOS AIRES (ABA).- Si bien todas las miradas - las del poder político, la de los militares y de la ciudadanía - convergen en la Corte Suprema de Justicia, su titular Carlos Fayt, volvió a repetir ayer en la intimidad que el máximo tribunal "no acepta ser presionado" y que un tema tan importante como la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes de amnistía requiere de la presencia de los nueve miembros del cuerpo Y, es sabido, todavía está pendiente la aprobación en el Senado del pliego de Enrique Zaffaroni, remitido por el presidente Néstor Kirchner para reemplazar al renunciante Julio Nazareno.

Fayt salió a responder a la presión que desde el gobierno ejercieron los ministros de Justicia y Defensa. Gustavo Beliz dijo que "en los países serios" los pronunciamientos de la Justicia "no se demoran eternamente", mientras que José Pampuro le pidió al máximo tribunal que se expida "cuanto antes".

"Nos tomaremos este asunto con calma. Todavía nos llevará un tiempo", insistió Fayt en un contexto de tensión en el cual la Cámara Federal ordenó la reapertura de las megacausas por violaciones de los derechos humanos en la ESMA y en el Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura castrense y el juez Rodolfo Canicoba Corral dispuso la libertad de los militares cuya extradición había sido solicitada por el juez Baltazar Garzón y denegada por el gobierno de España.

Fuentes tribunalicias dijeron anoche a "Río Negro" que la Corte volverá a poner paños helados por tres razones: no hay una definición clara en materia de votos; aguardan la llegada de Zaffaroni, el noveno integrante; y le resulta inaceptable fallar bajo presión.

Los mismos voceros indicaron que Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda se pronunciarían por la inconstitucionalidad de las leyes que ya fueron anuladas por el Congreso. Adolfo Vázquez y Eduardo Moliné O`Connor estarían a favor de la constitucionalidad de esas polémicas normas que datan de la época de Raúl Alfonsín.

Y Fayt, Enrique Petracchi, Guillermo López y Augusto Belluscio serían del criterio de derivar el planteo a la Cámara de Casación, al que en esta instancia consideran como tribunal superior.

A todo esto se suma que Maqueda, el último que se incorporó a la Corte con el aval del ex presidente Eduardo Duhalde, pidió permiso para ausentarse la semana próxima. Estará fuera del país por lo menos hasta el 26 de septiembre y pidió que en ese lapso no se aborden causas esenciales.

Tanto los ministros del Poder Ejecutivo como los abogados defensores de los militares acusados tienen centradas sus expectativas en la Corte que, sin embargo, ya ha dado algunas señales del criterio que impera hoy en su seno, con los aires patagónicos kirchenistas soplando a pleno.

Vale, entonces, recordar, que la Corte rechazó el planteo de cosa juzgada hecho por los letrados del ex dictador Jorge Rafael Videla, en relación con el robo de bebés El ex presidente de facto será sometido a juicio oral y público en el 2004.

El tribunal debería dictaminar en los próximos días ante un reclamo del padre de Dagmar Hagelin, la joven sueca desaparecida Trascendió que la causa será enviada a un tribunal inferior, pues se le reconoce al progenitor el derecho a saber dónde está el cuerpo de su hija secuestrada en un operativo del que participó el marino Alfredo Astiz.

Al descalificar la cosa juzgada, Petracchi consignó que al haber ingresado la Argentina al sistema interamericano de protección de los derechos humanos y, con más claridad aún, a partir de la modificación de la Constitución Nacional de 1994, adquiere un gran relieve la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Invocó Petracchi el caso Barrios Altos del 14 de marz de 2001, en el que quedaron establecidas fuertes restricciones a las posibilidades de invocar la defensa de cosa juzgada para obstaculizar la persecución penal respecto a violaciones graves a los derechos humanos.

Los actuales jueces de la Corte han ido cambiando de parecer. No todos. Vázquez sigue siendo un defensor del papel que tuvieron las fuerzas armadas en el pasado. López, en cambio, ha ido variando su voto hasta dejar de a integrar lo que se denominaba "la mayoría automática" en el gobierno de Carlos Menem.

En la Rosada se aceptaba ayer que si la Corte terminase por declarar la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, unos 1500 militares podrían volver a desfilar ante los estrados judiciales De ese número, menos de un centenar seguiría siendo personal en actividad.

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