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Los diputados declararon 'insanablemente nulas' las leyes de amnistía

Votaron a favor PJ, ARI, Frepaso y la izquierda. No se incluyeron los indultos presidenciales.

Los diputados tuvieron febriles negociacio-nes antes de anular las leyes.

BUENOS AIRES.- Los diputados aprobaron anoche la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en un gesto de fuerte carácter político, alineado con la posición del Poder Ejecutivo, que responde al deseo de juzgar en la Argentina a los acusados de violaciones a los derechos humanos de la última dictadura.
La sanción de las normas, luego de una largo debate, se descontaba, ya que la mayoría de los diputados habían acordado la aprobación de la derogación.
La mayor parte del PJ, el conjunto del ARI, el Frepaso y los partidos de izquierda adelantaron su voto a favor, mientras que el grueso de la UCR se iba a abstener y los provinciales votarían en contra.
El proyecto en discusión declara "insanablemente nulas" las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que en 1986 y 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín y tras las rebeliones carapintadas, frenaron los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado.
Los legisladores completaron la expresión de una sesión histórica con la aprobación, por unanimidad, del proyecto del Poder Ejecutivo que otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, y votarán también otro que incorpora los principios del tratado en el Código Penal.
De la propuesta original fue eliminada la anulación de los indultos presidenciales, una prenda de cambio del acuerdo entre los bloques, que también iba afectar los dictados por Eduardo Duhalde a Mohamed Seineldín y Enrique Gorriarán Merlo.
Las tres votaciones eliminaron obstáculos legales y entregaron nuevas herramientas jurídicas para avanzar en los procesos contra los militares. En este sentido, ayer la Corte Suprema de Justicia decidió postergar hasta la próxima semana una definición sobre el recurso que presentó el ex dictador Jorge Videla para que se declare como “cosa juzgada” las causas de robo de bebés.

Las Abuelas de Plaza de Mayo lloraron mientras en la Cámara de Diputados se debatía la anulación.

Afuera del Congreso, miles de personas seguían las alternativas de la sesión. Entre los manifestantes estaban las Abuelas de Plaza de Mayo, que mostraron su emoción por el momento que vivían.
Si ayer el PJ quería postergar una semana la sesión para cohesionar a su bloque detrás de una propuesta que evitara la palabra nulidad y, de ser posible, acordar con la UCR, las señales llegadas desde la Casa Rosada terminaron por empujar al oficialismo hacia la posición de máxima.
Es que, ante la imposibilidad de pactar con los radicales, la única forma que tenía el PJ de aprobar un proyecto con un margen importante de votos era encolumnarse con el ARI y la izquierda detrás de la anulación.
El justicialista Juan Manuel Urtubey y la jefa del ARI, Elisa Carrió, fueron los principales defensores de la viabilidad del proyecto. Urtubey, un diputado salteño a quien ahora sus viejos compañeros de ruta del menemismo critican por su énfasis oficialista, repasó la jurisprudencia que cuestiona la constitucionalidad de las leyes y, con la mirada puesta en el bloque radical, recordó las palabras usadas por el constitucionalista Reynaldo Vanossi, entonces diputado de la UCR, cuando defendió la declaración de nulidad de la autoamnistía dictada por los integrantes de la dictadura.
Los radicales se parapetaron en los cuestionamientos jurídicos para fundar su oposición.
Desde el bloque de la UCR, Pascual Capelleri criticó que el "Congreso borre con el codo lo que escribió con la mano" y aseguró que la sanción iba en contra de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las leyes. "Si ustedes se quieren dar el gusto y cumplir con una orden presidencial, no hay ningún problema", espoleó después Noel Breard, también de la UCR.
Carrió contestó cada uno de los argumentos jurídicos opuestos por los radicales, apoyada esencialmente en la tensión entre las leyes y artículo 29 de la Constitución, según el cual si el Congreso concede a otro poder del Estado "facultades extraordinarias" el acto llevará consigo una "nulidad insanable".
Sin embargo, más allá de las diferencias jurídicas, la diputada subrayó el carácter político de la decisión al asegurar que, en el futuro, "lo que nadie va a poder borrar es esta declaración histórica" del Congreso.
La participación de Ricardo Bussi, diputado de Fuerza Republicana e hijo de quien fuera gobernador de Tucumán durante la dictadura, terminó por inclinar el debate hacia el sentido histórico de la nulidad. "Nadie le va a devolver los muertos a la señora (Estela de) Carlotto, es tiempo de terminar con estas cuestiones, no sirve de nada este debate estéril", se exaltó Bussi y cosechó una ola de abucheos y silbidos en contra, tanto de palcos como desde las butacas del recinto.
"Tenemos que recuperar la capacidad de impartir Justicia y enfrentar la impunidad, que se volvió estructural en la Argentina", contestó Patricia Walsh, la diputada de Izquierda Unida que convocó a la sesión especial de ayer. (DyN/Télam)

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