Jueves 7 de agosto de 2003

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Alcanza también a los hechos ejecutados por miembros de las fuerzas de seguridad

Endurecen penas para delitos cometidos con menores

El Senado convirtió en ley un proyecto para modificar el Código Penal, el cual agrava en un tercio las penas a quienes delinquen con la intervención de menores. La cámara aprobó además y giró a Diputados una iniciativa que aumenta también en un tercio las condenas de los delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Scioli y Beliz alabaron las medidas aprobadas. "Queremos más rejas para los delincuentes y menos rejas para los ciudadanos".

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La utilización de menores en delitos va en crecimiento, ya que no pueden ser condenados.

El Senado aprobó anoche dos nuevos cambios en el Código Penal para endurecer las penas aplicadas a los responsables de delitos cometidos por fuerzas de seguridad y de los delitos cometidos, a través de la utilización de menores de edad.

La primera de esas iniciativas recibió media sanción y deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados, mientras que la segunda fue convertida en ley Las normas fueron elogiadas y respaldadas por el vicepresidente Daniel Scioli y el ministro del Interior, Gustavo Beliz, quienes ofrecieron una conferencia de prensa poco antes del inicio de la sesión.

Con los proyectos aprobados ayer, el Senado engrosó la lista de iniciativas sancionadas en relación a temas de seguridad, entre ellos el aumento de penas para casos de secuestros extorsivos, la creación de un programa de protección de testigos y de un fondo de recompensa para quienes brinden información tendientes a esclarecer delitos Beliz alabó esta disposición y resaltó la labor de la Cámara alta y la "celeridad y el ritmo con que trata estos temas que tanto preocupan a la sociedad".

Scioli retomó el concepto para señalar que "la seguridad y el desempleo son los temas que más preocupan a esta cámara, y por eso se ha dedicado con suma celeridad a ellos" Después agregó: "El mensaje debe ser claro, queremos más rejas para los delincuentes y menos rejas en las casas de los ciudadanos honestos".

El primero de los proyectos aprobados ayer incorpora párrafos a los artículos 80, 163 y 167 del Código Penal para aumentar en un tercio las penas para los efectivos de las fuerzas de seguridad, policiales y de servicios penitenciarios que sean responsables de homicidios, robos o hurtos.

Esa es una iniciativa que habían presentado el año pasado los justicialistas Beatriz Halak y el ex senador, y actual miembro de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda.

El radical Jorge Agúndez, presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, consideró que la norma "no sólo apunta a disuadir a los delincuentes sino a equilibrar las penas, por el distinto disvalor social que implica el hecho de que un efectivo de seguridad incurra en los delitos que más violan los derechos constitucionales". El justicialista Jorge Yoma dijo acompañar los objetivos del proyecto pero planteó su disidencia porque "el Congreso vuelve a incurrir en el error de buscar la resolución de los problemas de seguridad a través del agravamiento de penas" Para el senador riojano, estas respuestas "han sido muy poco efectivas para la sociedad, porque no concluyen en una disminución del delito", y "colocan en una situación de absoluta incoherencia todo el régimen penal, por el desequilibrio que se va produciendo en el esquema de penas".

La frepasista Diana Conti fue más lejos aún y sostuvo que iba a votar en contra porque "no forma parte de mi doctrina seguir aumentando penas", ya que "no es aumentando penas como vamos a lograr que salgan que las bandas delictivas a la luz sino a través de un consenso político y popular" La justicialista Malvina Seguí, estuvo de acuerdo con la sanción de la norma, pero expuso que "al mismo tiempo es necesario un cambio de cultura policial", y bregó para que "se den las condiciones mínimas de seguridad para que la democracia se desarrolle" El segundo proyecto, que se convirtió en ley, modifica el artículo 41 del Código Penal para aumentar en un tercio la pena a las personas que delincan con la participación de menores de edad (18 años).

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