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La Corte no definió sobre las leyes de amnistía y se tomará el "tiempo necesario"

El tribunal fijaría en setiembre la constitucionalidad o no de las normas. Bussi, Astiz y Lambruschini están en la lista de 26 ex represores que pide España.

Los miembros de la Corte manifestaron que se tomarán "todo el tiempo que sea necesario" para definir sobre las leyes de amnistía.

BUENOS AIRES.- La Corte Suprema de Justicia definirá recién el mes próximo sobre la constitucionalidad de la Obediencia Debida y el Punto Final, esquivando de esta forma el fuerte embate al que la sometió el gobierno nacional para que se expida sobre las leyes de amnistía que beneficiaron ex represores durante la última dictadura militar. Según comunicó ayer el cuerpo, los jueces se "tomarán el tiempo necesario" para expedirse sobre el tema. Paralelamente, ayer la Acusación Popular española va camino a pedir la extradición de 26 ex represores de los 44 detenidos en el país a solicitud del juez Baltasar Garzón.

En el marco de la causa de las extradiciones, ayer fue amenazado de muerte el secretario del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que dispuso la detención de 45 militares y un civil por solicitud del juez Garzón.

La Corte Suprema de Justicia demoraría al menos hasta setiembre, cuando se completen sus nueve miembros, antes de expedirse sobre las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La decisión puede interpretarse como una respuesta a las presiones que partieron desde el gobierno nacional y el Congreso para que derogue estas normas. Sobre este tema, el presidente Néstor Kirchner eludió ayer pronunciarse para no abrir un nuevo frente de tormenta En la Corte hay diversas posiciones sobre la constitucionalidad o no de las leyes Obediencia Debida y Punto Final. Hasta ahora ninguno de los sectores es mayoritario como para imponer una posición.

Por su parte, ayer la Acusación Popular del juicio a la dictadura argentina en España dictaminó, en Madrid, su visto bueno al exhorto de extradición del intendente electo de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, y otros 24 militares y un civil, para juzgarlos por "genocidio", "terrorismo" y "torturas" Aún resta el dictamen de la Fiscalía de la Audiencia que se opone a estas actuaciones pero su opinión no es vinculante y luego el juez Baltasar Garzón tendrá plazo hasta mediados de septiembre para enviar el exhorto al Gobierno argentino.

El titular de la Corte Suprema argentina, Carlos Fayt, quien reemplaza a Julio Nazareno, reiteró que el cuerpo respetará "la regla de los nueve" para resolver sobre la validez de las leyes de amnistía sancionadas en la década del '80 y cuya eventual anulación permitiría juzgar a militares acusados de graves violaciones a los Dere

chos Humanos durante la última dictadura. Así, el magistrado negó que el tema pudiera ser resuelto en la reunión que los cinco miembros presentes del tribunal mantuvieron ayer en el cuarto piso del Palacio de los Tribunales.

Los nueve miembros estarían completos después que ONG's y entidades profesionales emitan su opinión sobre el nombre de Eugenio Raul Zaffaroni, propuesto por el gobierno en reemplazo de Nazareno, y una vez que pase el filtro del Senado. También dependerá de lo que suceda con el juicio político que se le sigue en Diputados a otro miembro del tribunal, Eduardo Moliné O'Connor, cuya continuidad está en la picota, y con su eventual sucesor en caso de destitución o renuncia Kirchner, mientras tanto, quien tendrá la última palabra en este tema, aunque ya dijo que será la Justicia la que resolverá cada caso, ya se expresó en favor de que los acusados sean juzgados en el país.

Para que ello pueda ser posible, la Corte debería declarar inconstitucionales la Obediencia Debida y Punto Final Kirchner evitó pronunciarse sobre la demora de un pronunciamiento del máximo tribunal.

"No hablo sobre la actitud de la Corte", dijo el jefe del Estado al ser consultado durante una visita de campaña que realizó junto a gobernador Felipe Solá a la fábrica Alpargatas, ubicada en Florencio Varela En la lista de 26 eventuales extraditables a España, avalada ayer por la Acusación Popular, también figuran el ex capitán de fragata Alfredo Astiz; y los ex comandantes de la Armada, contralmirante retirado Armando Lambruschini y almirante retirado Jorge Isaac Anaya La presentación de la Acusación Popular, que representa a las víctimas, sus familias y organismos humanitarios, fue formalizada por el abogado querellante Manuel Ollé ante el juez Fernando Andreu, que sustituye en sus vacaciones al titular del juzgado cinco de instrucción, Baltasar Garzón. (DyN/Télam)

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