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El 55% de los empresarios sufrió algún tipo de fraude
Una encuesta de una organización dedicada a realizar auditorías y consultorías relevó la opinión de empresarios de 1000 importantes firmas del pais durante el pe
El 55% de los empresarios de mil importantes empresas del país sufrió algún tipo de fraude en el período 2001/2002, según revela un informe de realizado por Finsterbuch Pickenhayn Sibille, una organización dedicada a proveer servicios de auditoría y consultoría.
La encuesta sobre corrupción y fraude arrojó valiosos datos sobre cómo ven los ejecutivos el futuro de esta problemática dentro y fuera de sus organizaciones.
Del total de los encuestados, el 91% afirmó que la corrupción y el fraude son problemas importantes para las empresas.
El universo que se tomó para realizar el relevamiento incluye a empresas que facturan más de 100 millones de pesos por año (37%), el 46% se sitúa en el rango que va de los 10 a los 99 millones de pesos anuales y 17% en menos de 10 millones por año.
La idea de que las irregularidades se multiplicaban sin remedio con el paso del tiempo quedó marcada en la curva ascendente que muestra una sensación de mayor corrupción. En 1998 el 60% opinó que la situación iba a empeorar y en 1999 el 64% se manifestó en igual sentido. La tenencia siguió en ascenso en 2000, 71%, y 2001/2002 con 92%.
Según los empresarios encuestados, "la crisis económica, política y social, el debilitamiento de los valores éticos de la sociedad en general, la tardía y/o inadecuada administración de justicia, la inseguridad jurídica y el incremento de las 'organizaciones delictivas'", son las principales causas del incremento de la corrupción y el fraude Las metodologías mediante las cuales fueron descubiertas las irregularidades se debieron a controles internos en un 28%, información de terceros relacionados 18%, los informantes internos en un 15% y y la revisión de un auditor interno 14%.
Casi un tercio de los encuestados respondió que los deficientes controles internos permitió la realización de defraudaciones. Le siguieron la colusión entre empleados y terceras partes (20%) y una deficiente política ética corporativa (12%).
En total se contabilizaron 18.500 fraudes en el período 2001/2 de los cuales 302 correspondieron a empleados, el 18.127 fue externo y 71 casos implicaron a cargos gerenciales.
Uno de los datos más llamativos que analizó Finsterbuch fue el incremento del fraude externo en el último período.
En este aspecto se in
cluyen las irregularidades con tarjetas de crédito y documentación falsa (contratación de servicios con legajos falsos).
Del total de los casi 25 millones de pesos denunciados como perdidos a raíz de los fraudes y actos de corrupción sufridos en el período analizado, las principales líneas de negocio que sufrieron dichos fraudes fueron: 29% empresas de comunicación, 20% empresas de energía y recursos naturales, 19% bancos y servicios financieros, 9% empresas de productos de consumo masivo, 8% industria farmacéutica o química.
Ataques informáticos
La cantidad de fraudes informáticos creció tres puntos con respecto a la anterior encuesta realizada por Finsterbuch: pasó del 8 al 11%. El 65% no recibió ataques de este tipo y el 24% no sabe si los sufrió. Los perjudicados por los hackers aseguraron que el objetivo del accionar había sido el vandalismo en el 26%. También en este porcentaje la intención fue introducir virus, un 5% quiso sustraer información y otro 5% manipular información contable de la compañía. Un 33% no supo cuáles eran las intenciones.
Definiciones
Los conceptos que se utilizaron en la encuesta de Finsterbuch son los siguientes:
Fraude: engaño deliberadamente planeado y ejecutado con el objetivo de privar a otro de su propiedad o derechos.
Corrupción: cuando una organización o persona, ilícitamente, pone sus intereses particulares por sobre los de las organizaciones y/o personas y los ideales que se están comprometidos a servir.
Conflicto de intereses: es la situación en la que el funcionario público genera para sí un beneficio indebido como resultado de las decisiones que toma en función de su cargo posición. Por ejemplo, cuando le toca regular la actividad de empresas en la que posee intereses económicos.
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