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¿Y si la causa se queda sin Garzón?

Apelarían a la territorialidad

Bussi se iba a entregar

Ordenan detener a 46 represores y Kirchner define si los extraditan

El juez Canicoba Corral hizo lugar al pedido de Baltasar Garzón.

Ahora deben decidir si derogan el decreto que impide las extradiciones.

El ministro de Defensa mandó cumplir la medida judicial.

Algunos de los militares que Garzón reclama y que tienen pedido de deten-ción.

BUENOS AIRES.- El momento tan temido para muchos militares argentinos llegó. Ayer el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la detención de 45 militares y un civil acusados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. El magistrado argentino tomó la medida luego de recibir de Interpol la solicitud de su par español Baltasar Garzón, quien reclama la extradición de los ex represores para juzgarlos por casos de genocidio, terrorismo y torturas.

La nueva instancia judicial pone mayor presión sobre el decreto que impide las extradiciones de ex represores acusados de violar los derechos humanos y será ahora el gobierno de Néstor Kirchner el que definirá si son extraditados a España.

Anoche, salvo los militares que ya se encuentran arrestados por otros casos, el resto permanecía prófugo.

Entre los militares a los que se les libró orden de detención figuran Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Jorge Bussi (elegido intendente de San Miguel de Tucumán), Jorge "el Tigre" Acosta (ex director de inteligencia de la ESMA), Alfredo Astiz y Carlos Suarez Mason En el atardecer de ayer, el ministro de Defensa, José Pampuro, envió un claro mensaje y ordenó a las Fuerzas Armadas cumplir con la medida judicial emanada del juzgado de Canicoba Corral. Pampuro transmitió la orden a las autoridades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, durante un encuentro que mantuvo en su despacho Durante la jornada, el gobierno mostró parte de las cartas que jugará de aquí en adelante en el tema militar: en una entrevista con el influyente diario "Washington Post", el presidente Kirchner se mostró a favor de revocar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Por su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, afirmó que "es la decisión del juez y la tenemos que hacer respetar. Tenemos que vivir en un país donde definitivamente la Justicia funciona y las decisiones judiciales sean respetadas".

Canicoba Corral explicó que "producidos los arrestos, se le notificará al juez (Garzón) y el magistrado tiene 30 días para remitir el formal pedido de extradición".

Fuentes del juzgado federal adelantaron que los represores plantearían el principio de "territorialidad" para ser juzgados. (Ver recuadro)

El juez señaló que el decreto que protege a los militares no lo inhibe de realizar los "arrestos provisorios con fines de extradición". Cuando llegue el pedido de extradición, si el decreto sigue vigente, "será el gobierno el que decidirá" qué hacer, agregó.

El gobierno nacional ha dado recientes señales de que derogaría este decreto que rechaza automáticamente los pedidos de extradición por delitos cometidos en Argentina, que en la práctica protege a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos a los que quieren juzgar en el exterior.

Si Kirchner elimina el decreto con otro, serán los jueces quienes decidan si las personas solicitadas por tribunales extranjeros ya fueron perdonadas o juzgadas en el país, o si pueden ser extraditadas para ir a juicio De acuerdo a las normas procesales corresponderá ahora que, una vez detenidos los incluidos en el pedido de Garzón, sean trasladados al juzgado de Canicoba donde se realizará la respectiva "audiencia de conocimiento", en la que el magistrado los notificará del requerimiento español Se estima que, en esa ocasión, los abogados de los ex jefes militares opondrían diversas excepciones y efectuarían los planteos (inclusive los pedidos de detención domiciliaria para los mayores de 70 años) que estimen pertinentes y que el juez resolvería caso por caso En caso que reclamen las excarcelaciones, se prevé que el juez dará vista al fiscal Marijuan quien -se estima- podría oponerse a ese beneficio atento a la gravedad de los delitos, de "lesa humanidad", que Garzón le imputa a los oficiales Según se supo anoche "las distintas jefaturas castrenses deberán citar a los oficiales requeridos por el juez y alojarlos en alguna dependencia militar", dijo una fuente gubernamental, quien detalló que "las Fuerzas se hacen responsables ante el juez de los detenidos" Varios de los requeridos ya se encuentran detenidos a disposición de diversos magistrados (Claudio Bonadío, María Servini de Cubría y Jorge Urso subrogando el juzgado que era de Adolfo Bagnasco) por la sustracción de niños nacidos cuando sus madres estaban en ilegal cautiverio en centros clandestinos de detención. Entre ellos los nombres de Massera, Videla, Jorge "el Tigre" Acosta, Alfredo Astiz y Suarez Mason. Otros ex jefes también están implicados en la causa iniciada por el denominado "Plan Cóndor" En los juicios de Madrid contra los crímenes de la dictadura militar argentina, Garzón procesó a 98 imputados y envió una primera lista con abundantes detalles de identificación de 48 de ellos, de los cuales posteriormente se eliminó por muerte a Galtieri y Whamond.