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Conductas "erradas" del gobierno

Una evaluación contundente de la comisión se reduce en lo siguiente: "La necesidad de renegociar el contrato (con TPC) está originada en las propias conductas erradas" del gobierno provincial. Calificó que así el Estado "quedó atrapado en una maraña de errores e inconductas administrativas" que derivaron en aquella revisión contractual.

En otra parte, la comisión analizó el marco normativo que permitió a la Turbine Power vender su energía a un costo por encima de lo pactado. La gran crítica se centró en dos decretos Firmado en noviembre de 1995, el decreto 1399 "contenía una mención innecesaria e injustificada a la ecuación económica financiera", dice la comisión. Esta referencia avaló después las pretensiones de la generadora.

Aún así, hasta entonces, la comisión entendió que la provincia igualmente "tenía la posibilidad de decidir que esa adecuación no estaba justificada porque no tenía antecedentes técnicos ni legales".

Ese obstáculo se destrabó con el decreto 21 (enero de 1996) que "fijó una banda tarifaria, que incluso superaba las pretensiones (en nuevos valores) de la Turbine formuladas en las actuaciones administrativas". Tampoco ese decreto "cumplió con el procedimiento corres- pendiente, ya que no estuvo sustentado en una actuación administrativa". (AV)

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