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Uribe quiere negociar con una guerrilla debilitada

Análisis

Apuesta por la salida militar

Con la decisión de adoptar el plan de seguridad democrática, el gobierno de Alvaro Uribe ratificó la estrategia fundamental de su gobierno: golpear primero (a los grupos armados) y negociar después Desde su asunción, el presidente colombiano ha descartado las negociaciones directas con la guerrilla y ha concentrado sus esfuerzos en mejorar notablemente la capacidad represiva y de control del Estado.

Para esto cuenta con la ayuda financiera de casi 1.000 millones de dólares que le proporciona EE.UU. a través del plan Colombia. Si bien este plan comenzó siendo básicamente una asistencia para la lucha antidrogas, después de los atentado del 11 de septiembre y de la "guerra internacional contra el terrorismo" decretada por Bush, la potencia del norte se ha mostrado más permeable que antes a extender esta ayuda a la lucha contra la subversión interna. El concepto de "narcoguerrilla" es cada vez más frecuente dentro del léxico de la Casa Blanca al referirse al caso colombiano.

En su política de "mano dura", el gobierno de Uribe ha contado hasta ahora con el respaldo de una población cansada de la violencia diaria y de los fracasos de sucesivos presidente como Ernesto Samper y Andrés Pastrana , quienes realizaron importantes concesiones a los grupos guerrilleros, en especial a las FARC.

Muchos recuerdan que en el gobierno de Pastrana se creó una zona desmilitarizada que sirvió de teatro para los diálogos entre gobierno ylos rebeldes, que no llegaron a ningún puerto y, sin embargo, sirvieron para que las FARC impusieran allí su ley y la usara de base operativa para secuestros y ataques. Uribe asumió criticando la "debilidad" de los anteriores negociadores.

Pero su táctica de "mano dura" implica enormes riesgos El conflicto colombiano lleva más de 35 años y tiene profundas raíces sociales y políticas que impiden reducirlo a un problema militar y policial. El Plan Colombia, de 10 puntos, tiene 8 items "sociales", "económicos" y de "fortalecimiento de la democracia", de los que poco y nada se ha implementado.

Por otra parte, la inquietud de los organismos de derechos humanos por las medidas que recortan derechos civiles tiene asidero. Un informe divulgado ayer en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que continúa en el país la complicidad de autoridades civiles y militares con grupos paramilitares de ultraderecha.

Por otra parte, el endurecimiento de la lucha interna (la guerrilla responderá) significará poner en mayor riesgo a la población civil, que es la principal víctima de la violencia que azota a esa sufrida nación. (Redacción Central)

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