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Uribe quiere negociar con una guerrilla debilitada
El gobierno colombiano presentó un 'plan de seguridad democrática' para obligar a los grupos armados a negociar acuerdos de paz. Críticas de organismos humanitarios y de la oposición.
BOGOTA (AFP/Télam) - El gobierno colombiano presentó ayer un polémico "plan de seguridad democrática", que pretende debilitar a los grupos guerrilleros y paramilitares para que se vean obligados a negociar acuerdos de paz a finales de 2004 o comienzos de 2005 El plan de seguridad, dado a conocer el domingo en el sureño departamento de Putumayo por el presidente Alvaro Uribe y su ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, busca fijar las pautas para erradicar del país los altos índices de asesinatos, secuestros, narcotráfico, tráfico de armas y otros delitos.
El documento que contiene la estrategia de seguridad contempla seis líneas de acción, una de las cuales es la "recuperación del control estatal del territorio", que se basa en el reconocimiento de que en Colombia ha crecido la inseguridad en buena parte por la ausencia de las autoridades en muchos lugares.
Otro de esos ejes es la creación de la Junta de Inteligencia Conjunta, una instancia que coordinará las acciones de todos los organismos de seguridad.
Además de esas líneas de acción, el gobierno definió las seis amenazas, que, a su juicio, enfrenta el país. Estas son el terrorismo, el narcotráfico, las finanzas ilícitas, el contrabando de armas, municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión y el homicidio.La estrategia indica también que el objetivo es que esta "carta de navegación" se convierta en una política de Estado, al tiempo que exhorta a los ciudadanos y a la justicia a que se comprometan a cumplirla Asimismo, y basada en cifras, muestra que en los últimos años el crecimiento de las guerrillas izquierdistas y los paramilitares de extrema derecha está asociado al de los cultivos ilegales.
La ministra de Defensa colombiana señaló, en declaraciones publicadas ayer por el diario El Tiempo, que la importancia del documento radica en que "estamos construyendo una política de defensa y seguridad democrática como una política de Estado y de largo plazo" También indicó que en el documento "reconocemos que parte fundamental de los problemas de seguridad obedece a la ausencia del Estado en muchos lugares del territorio.
Allí han aumentado exponencialmente el narcotráfico, la guerrilla y las Autodefensas (paramilitares)" Indica igualmente que "yo no estoy trabajando para entregarle al país muertos o capturados 25.000 guerrilleros y 20.000 autodefensas, no. Yo estoy trabajando para que sea tan débil la estructura de esas organizaciones que, de aquí a un año y medio, no tengan opción distinta que la de negociar con el Gobierno".
La política de seguridad de Uribe -que incluye el fortalecimiento de las fuerzas militares y prevé la restricción de libertades ciudadanas- ha sido criticada por la ONU y organismos de derechos humanos, por considerar que pone en riesgo la vigencia de las garantías fundamentales.
La presidenta del Partido Liberal colombiano, Piedad Córdoba, denunció ayer en Bruselas que en su país "se está formalizando una dictadura constitucional" . La estrategia de Uribe "viola los derechos humanos, levanta el Estado de derecho y desconoce los acuerdos internacionales", denunció la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
El Congreso colombiano estudia actualmente un proyecto de ley antiterrorista, que permite a las autoridades registrar la correspondencia e interceptar las comunicaciones privadas de los ciudadanos sin orden judicial previa. Igualmente, autoriza a los alcaldes a realizar censos de población en zonas especiales, permite las detenciones y registros domiciliarios sin previa orden judicial y otorga facultades judiciales a la Fuerza Pública.
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