Miércoles 18 de junio de 2003

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Intensifican combate contra la evasión y la AFIP se convierte en la mayor "caja"

 

Con la consigna del "traje a rayas"

 
  En su primer discurso después de asumir el presidente Kirchner enunció uno de sus principales propósitos: poner traje a rayas a los evasores.
Lo mismo que tres años antes había proclamado con poco éxito el ex presidente de la Rúa: que la gente se quedara tranquila, que él en persona se iba a encargar de meter presos a los evasores.
Al efecto, se crearon los tribunales penales tributarios, que no podían ser puestos a funcionar por falta de fondos. Como una de las primeras medidas del nuevo gobierno, se los dotó de recursos y estarán en marcha plena durante el segundo semestre de 2003, junto con su complemento indispensable que son los jueces de ejecución encargados del embargo y remate de los bienes de los defraudadores fiscales.
Pero aquí, precisamente, conviene recordar uno de los análisis que hicieron prestigiosos tributaristas en el 2000 cuando el Parlamento trataba la ley de creación de estos tribunales especiales: que el cumplimiento de la premisa para castigar la evasión penalmente, con prisión física y embargo y remates de los bienes de los defraudadores fiscales, es un imperativo que sin embargo no puede contraponerse a los legítimos derechos de los demás acreedores no fiscales.
¿Esto qué quiere decir? Generalmente los evasores son empresarios o personas dedicadas a una actividad económica que han intentado estafar a la DGI o a la Aduana.
De lo contrario, si solamente se han atrasado por no disponer de dinero, pero sin intención de evadir, son morosos y no se los considera delincuentes salvo que demuestren lo contrario, ya que la frontera entre una y otra figura no es tan nítida.
Pero casi siempre el evasor es una persona que no solamente estafó al fisco sino también a sus proveedores comerciales, es decir, clavando a sus acreedores quienes les han entregado mercadería y no la cobran.
Esto no es muy común últimamente ya que en el comercio se trabaja de contado pero existen una enorme cantidad de casos de arrastre que se ventilan desde hace muchos años en los juzgados comerciales y penales económicos, y que muchas veces han llevado a la quiebra a los proveedores comerciales, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas (pymes).
Con los tribunales penales tributarios, se decía por entonces, se agilizan las causas por evasión pero se corre el riesgo de que se atienda una sola de las estafas y no la otra, vale decir que el acreedor comercial quede desprovisto de posibilidades de cobrar sus acreencias porque todo el dinero que se le podía extraer al deudor se destinó al pago de los impuestos atrasados y no le quedó nada para pagar a sus proveedores. Y eso, agregan ahora los mismos analistas, es un tema que deberán analizar bien los jueces penales tributarios al momento de dictar sentencia y sobre todo si llegan a la ejecución de los bienes de los condenados.
De ahí no se puede derivar en un enfoque "garantista" para cubrir a los evasores sino en una solución equilibrada que preserve los derechos de todos los acreedores, no solamente los intereses fiscales, y no que se desvista a un santo para vestir a otro, como se suele decir.
(DYN, Pablo Kandel)
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