Jueves 13 de marzo de 2003
 

Prestigiosos juristas cuestionan el pronunciamiento judicial
 

Monner Sans, denunciante del caso de la venta ilegal de armas, reivindicó la legalidad de las cámaras ocultas.
  BUENOS AIRES (ABA).- El fallo del juzgado de primera instancia de Neuquén que dictó el sobreseimiento de los imputados del escándalo de las ternas argumentando la invalidez de la cámara oculta como prueba jurídica, despertó duras críticas en los más altos estratos del Derecho nacional. El denunciante en las principales causas de corrupción política del país -el caso de venta de armas a Croacia y Ecuador y coimas en el Senado-, Ricardo Monner Sans, cuestionó la decisión tomada. "Si no le damos alguna posibilidad de que avance este tipo de método investigativo, resulta ser que la corporación del poder hace siempre lo que le da la gana", disparó el abogado.
"En materia de temas del poder hago una distinción. Me parece que está por encima del derecho a la intimidad personal del imputado, el derecho a saber de qué se trata el ilícito. Estoy aferrado a las garantías constitucionales. Pero le doy mayor importancia a la cámara oculta, porque es tan difícil investigar al poder que en ese caso, por sobre la privacidad, tiene que tener valor tanto la cámara oculta como algún otro tipo de elemento que pueda demostrar la existencia del ilícito. Si no, el poder se autoclandestiniza. Nunca se puede arribar a ningún tipo de avance investigativo", afirmó Monner Sans.
El jurista explicó que él privilegia "el sentido republicano y democrático de la Constitución Nacional por encima del derecho a la privacidad que supondría la invasión ilegítima a la intimidad del imputado". "Desde la óptica tradicional, la garantía constitucional del silencio queda derrotada por la vía de la cámara oculta. Esa es la gran doctrina. Pero cuando se trata de investigar al poder, no debería sea aplicada con automaticidad", manifestó.
-"El fallo se puede interpretar como un amparo hacia el poder?", preguntó entonces "Río Negro".
-"Yo diría que invalidar el tema de poder usar los medios de cámara oculta significa ser consciente a renunciar sobre la posibilidad de descubrir la mayor cantidad de corrupción", respondió Monner Sans.
El titular del Colegio de Abogados de Buenos Aires y ex presidente de la Asociación de Penalistas, Roberto Durrieu, fue más allá. "Esa afirmación judicial carece absolutamente de sustento lógico jurídico, porque toda prueba puede ser considerada por los jueces según la circunstancias de modo, tiempo y lugar. El hecho de que haya sido grabado con cámaras ocultas y sin el conocimiento no implica nulidad. Si del contexto surge que todo eso puede ser cierto, tiene absolutamente valor", dijo Durrieu.
Y agregó: "Desestimar esa prueba en esas condiciones es violentar el principio de la amplia investigación judicial y cercenar el derecho del Estado de investigar los delitos. Es, en definitiva, una interpretación que favorece a la impunidad".
   
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