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Martes 11 de marzo de 2003 | ||
Distribuidoras eléctricas "en estado de emergencia" |
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Se declararon en esa situación porque no se aplica la suba de tarifas. |
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De este modo, el fantasma de los apagones vuelve a cobrar fuerza. "Es responsabilidad de las empresas distribuidoras frente a sus clientes informar que ya hemos comenzado a transitar la emergencia en el sector eléctrico, lo cual se evidencia en el deterioro paulatino de la eficiencia de su servicio", indicó ayer en un comunicado la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA). El pronunciamiento se conoció después de que la juez en lo Contencioso Administrativo, Claudia Rodríguez Vidal dijo que las empresas proveedoras de gas y energía eléctrica deberán abstenerse de aplicar aumentos de tarifas "hasta tanto se dicte una sentencia definitiva" en el conflicto por la suba de los servicios. La magistrada, que el 25 de febrero último declaró la inconstitucionalidad del decreto 146/03 mediante el cual el Gobierno nacional dio luz verde al incremento de tarifas, aclaró que las empresas están impedidas de facturar con aumentos. Sucede que el abogado Ariel Kaplan, representante de la Asociación de Usuarios y Consumidores de la República Argentina, pidió a la juez una "acción declarativa de certeza" para despejar toda duda sobre las imposibilidad actual de las concesionarias de servicios privatizados de modificar las tarifas debido a los fallos judiciales dictados contra el ajuste. El Ministerio de Economía recurrió a la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo para que revoque las resoluciones mediante las que Rodríguez Vidal y la juez María Carrión de Lorenzo declararon, en pleitos independientes, la inconstitucionalidad del decreto 146. Ayer Rodríguez Vidal recordó que, al hacer lugar a una acción de amparo interpuesta por las asociaciones de usuarios y consumidores, suspendió "los efectos y aplicación del decreto de Necesidad y Urgencia 146/03". "Es evidente que no resulta factible requerir a los usuarios el pago del aumento allí dispuesto", aclaró a pedido del abogado Kaplan. Altos costos Como reacción al fallo, las distribuidoras eléctricas salieron a enumerar sus altos costos de insumos a precio dólar. En ellos se basan para reclamar una urgente suba de tarifas. La nota que presentaron ayer advierte además que "para atender un crecimiento de la demanda de 4% anual (equivalente a 3% del PBI) se deben invertir 1.000 millones de dólares por año, un desembolso imposible en el contexto actual". Hace unos dos años Brasil tuvo que soportar un freno a la expansión de su economía debido a falta de oferta de energía eléctrica, lo cual obligó al gobierno a racionar su consumo por parte de las empresas y el público en general. De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Economía, el crecimiento del PBI este año llegaría a casi el 4 por ciento anual. Las compañías indicaron que "las empresas distribuidoras están realizando sus mayores esfuerzos para tratar de impedir que la situación actual se transforme en una crisis sin retorno". La recomposición de las tarifas eléctricas se encuentra paralizada por un fallo judicial. El 25 de febrero pasado el gobierno intentó fijar un incremento tarifario por vía de un decreto, pero la jueza Claudia Rodríguez Vidal y su par María Carrión de Lorenzo lo declararon inconstitucional en causas separadas. La magistrada ayer, además, aclaró que las empresas no podrán aplicar los incrementos a sus clientes, ante la suposición de que la falta de un fallo definitivo habilitaba a las distribuidoras a seguir con sus cuadros modificados. Esta causa ya lleva varias medidas cautelares por parte de las entidades y de la defensora del Pueblo porteña, Alicia Oliveira, entre ellas las que determinaron la suspensión de audiencias públicas convocadas por el Gobierno para tratar los aumentos. Mientras tanto, el Ministerio de Economía elevó un pedido a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, pero se descuenta que al final será la Corte Suprema la que deba definir el pleito en última instancia. El Gobierno de Duhalde insistió ante los tribunales en la legitimidad del decreto de Necesidad y Urgencia, que respaldó incrementos del 9 por ciento en las tarifas de energía eléctrica y del 7 por ciento en la provisión de gas. (DYN y Redacción Central) Inspeccionan trenes para ver las mejoras El Gobierno inició ayer el control del cumplimiento de los programas de mejora del servicio de los ferrocarriles de las líneas Roca y Sarmiento en las estaciones de Constitución y de Once, en Capital. Inspectores de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de la Producción fueron los encargados de constatar en ambas estaciones si los concesionarios están llevando a cabo las medidas comprometidas ante las autoridades nacionales. Luego de elaborar un informe sobre el estado "calamitoso" de la red de trenes metropolitanos, el Poder Ejecutivo Nacional intimó a los empresarios de los distintos ramales a corregir las deficiencias de los servicios en un plazo de 40 días. Los concesionarios deben mejorar los servicios que hacen a la seguridad, al confort y a la higiene tanto en las estaciones como en el interior de los vagones de sus formaciones. La medida fue comunicada el 27 de febrero pasado por el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y el ministro de la Producción, Aníbal Fernández, ante los directivos de Ferrovías. Los empresarios debieron entregar al Gobierno un programa de obras y servicios donde se explicitaban los parámetros técnicos, operativos y plazos de cumplimiento para las mejoras a implementar. El plan de acción será auditado en forma semanal por el Gobierno y las inspecciones de esta tarde se inscriben en ese marco. (DYN) |
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