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Sábado 22 de febrero de 2003 | |
La multa beneficiará sólo a los usuarios de Río Negro |
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| El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) será el que finalmente resuelva de quién es la responsabilidad del apagón que el martes dejó sin luz a buena parte de Cipolletti y Neuquén. La multa que imponga el organismo terminará apareciendo en la factura de Edersa porque así está organizado el mercado en Río Negro, pero difícilmente beneficie a los damnificados neuquinos porque la composición de la tarifa de CALF no lo contempla. Está claro que la falla que hizo caer el suministro de electricidad durante escasos 30 minutos en vastos sectores de Cipolletti y casi 15 horas en muchos barrios de Neuquén se produjo en la etapa del transporte de la energía, un área que es fiscalizada por el ente regulador nacional. Casi semanalmente el ENRE emite sanciones contra las empresas transportistas y generadoras, además de las distribuidoras de Buenos Aires y La Plata, que están bajo su jurisdicción. Los montos de esas multas los reciben las empresas distribuidoras o los grandes usuarios, que suelen ser clientes directos de generadores y transportistas. Al diagramar cada cuadro estacional trimestral de las tres empresas que distribuyen las luz en Río Negro (Edersa, la CEB barilochense y la Cearc de Río Negro), el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) deduce esas multas del costo de abastecimiento. De esta manera, el usuario final termina resarcido. Ello funciona así, independientemente de las sanciones que el ente rionegrino le aplique finalmente a las empresas, ya sea de manera general para todos los usuarios y para algún cliente en particular. CALF computa en su balance los ingresos por multas (en 1999-2000 fueron de 400.000 pesos), pero no aparecen trasladados a su tarifa. En Neuquén existe desde 1995 una ley del marco regulatorio, promovido por el gobierno anterior de Jorge Sobisch, que precisaba contar con esa norma para recibir los fondos para obras eléctricas del gobierno nacional. Dos de los artículos de esta ley (los que quitaban a los municipios la facultad de concesionar el servicio) fueron derogados por inconstitucionales por el Tribunal Superior de Justicia, pero el resto quedó en vigencia. Hasta ahora tres gobiernos neuquinos incumplieron la ley al no aplicarla. De haberlo hecho, se podría haber puesto un poco de orden en el mercado eléctrico neuquino. (AC) |
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