Miércoles 5 de febrero de 2003
 

Los estatales piensan en el retroactivo

 

Los 10 mil empleados que iniciaron juicios se llevarían más de 200 millones

  NEUQUEN (AN).- El abogado de ATE, Mariano Mansilla consideró que el decreto del gobernador Jorge Sobisch "nos da la razón en cuanto a que el recorte de la zona desfavorable fue arbitrario e inconstitucional". Mansilla recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén rechazó el reclamo porque el recorte se fundamentó sobre una ley: "al devolverlo por decreto nos da la razón en cuanto a la ilegalidad y vamos a seguir insistiendo por el retroactivo".
Se estima que en total hay 10.000 empleados (hay unos 2.000 que no contrataron al estudio de Mansilla) que iniciaron juicio al Estado y de haber una cancelación de los retroactivos la cifra acumulada hasta la fecha estaría muy por encima de los 200 millones de pesos.
El TSJ y la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunciaron contra el recorte a los jubilados.
La Corte, hasta el momento, no dio su veredicto sobre la situación de los trabajadores activos, aunque no hay grandes expectativas que vaya a declararse a favor de la devolución de los descuentos. De todas maneras, la movida de Sobisch "oportunista porque lo hace en la antesala de una campaña que le es desfavorable en la capital" -según Mansilla- modificó el escenario y alimenta expectativas entre los trabajadores.
La cifra de los retroactivos más los intereses de todos los empleados sufrieron recorte es monstruosa: superaría los mil millones de pesos, según estimó una fuente. Mansilla, por su parte, consideró que el retroactivo se le debe devolver a toda la planta de personal afectada, haya hecho juicio o no.
Sin embargo, el administrador del ISSN, Gerardo Hettinger, confió en que esos recursos "no prosperarán" y que solamente quedará firme el que benefició a Miguel Angel Messineo. De lo contrario, la caja jubilatoria -lo mismo que las finanzas de la provincia- colapsarían, indicó.
Del lado de los trabajadores activos, el secretario general de la CTA, Julio Fuentes, aseguró ayer que el próximo objetivo de los sindicatos estatales estará cifrado en "conseguir un mínimo salarial de 750 pesos mensuales para cada empleado público".
Según Fuentes, que no se mostró sorprendido por el anuncio del gobernador, "tenemos dos objetivos principales: que los trabajadores del sector dejen de estar debajo de la línea de la pobreza, para lo cual es necesario un salario mínimo de 750 pesos" y, en segundo término "un incremento de los subsidios que reciben los desocupados neuquinos".
El dirigente señaló que la devolución del 20% de zona está asociada a la coyuntura electoral que deberá afrontar el Movimiento Popular Neuquino (MPN) el próximo 2 de marzo en la capital, y a lo que se preveía como un año muy conflictivo por los paros que estaban anunciados.
Por este motivo "no nos sorprendió", dijo. "Sin dudas las elecciones contribuyeron a que el gobernador tome la decisión de devolver la zona", admitió. Pero indicó que "no hay que olvidarse de la lucha de los trabajadores del sector durante los últimos seis años para conseguir la devolución de esta conquista".
Fuentes afirmó que "es lamentable el saldo que dejó esta lucha que llevamos adelante: la muerte de una compañera, más de 200 compañeros procesados, y una gran cantidad de represiones sobre nuestras espaldas, representan un costo demasiado alto".
Por otra parte indicó que además de la recomposición salarial, buscarán la mejora de los ingresos asignados por escolaridad a los empleados públicos: "mientras en el sector privado es de más de 200 pesos por hijo, los estatales recibimos apenas 60 pesos", concluyó
   
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