Crece la protesta en Bolivia pidiendo la renuncia del presidente

Al menos 9 personas se sumaron a la lista de víctimas en los últimos disturbios. Sánchez de Lozada llama al diálogo, pero campesinos y sindicalistas no acudirán.

La mayor parte de las víctimas de ayer fueron civiles atrapados en medio del fuego cruzado.

La Paz.- El gobierno del presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada seguía ayer bajo el asedio de sindicatos y opositores que urgen su renuncia, en medio de un caos generalizado, con enfrentamientos, saqueos y represión militar que provocaron la muerte de 9 personas ayer, sumando ya 26 víctimas a la ola de violencia que vive el país.
Sin embargo al atardecer retornaba paulatinamente la calma a la nación andina, tras un segundo acuerdo que puso fin a un motín policial y permitió que unos 22.000 agentes volvieran a sus funciones en todo el país, amenazado por una ola de saqueos y otros desmanes.
Escuadrones de la policía fueron aplaudidos por ciudadanos y comerciantes al reaparecer el jueves en distintas zonas de La Paz y El Alto, jaqueadas por una ola de vandalismo que desbordó los patrullajes militares, pese a que soldados hirieron de bala a por lo menos 10 personas.
La crisis se desató tras el anuncio presidencial del domingo pasado de un severo ajuste tributario que incluía el descuento de un 12,5 por ciento del salario de los trabajadores.
Pero tras los enfrentamientos de ayer entre grupos policiales amotinados y militares que respondían al gobierno, durante los cuales murieron 17 personas y decenas fueron heridas, Sánchez de Lozada se vio obligado a anular esa medida.
Las nueve víctimas de ayer cayeron en distintas ciudades bolivianas, informaron fuentes sanitarias.
El primero fue Juan Carlos Castro, un campesino de la localidad de Entre Ríos, en el Chapare, que fue acribillado a balazos mientras participaba de un corte de ruta.
En la ciudad de El Alto se registraron cuatro víctimas, en confusos episodios protagonizados entre manifestantes y uniformados durante saqueos a comercios e industrias.
La enfermera Ana Colque también resultó muerta de un disparo de arma de fuego atribuido a francotiradores militares emplazados en las terrazas de edificios céntricos de la ciudad, mientras auxiliaba a civiles heridos en los disturbios. La doctora Carla Espinoza, quien estaba a su lado, fue herida y falleció poco después.
Una fuente del Hospital de Clínicas, dijo que la más reciente víctima es Elmer Cahuana, un trabajador, fulminado por un disparo de francotirador en el centro de La Paz, donde fuerzas militares contrarrestaban a grupos de saqueadores que asaltaban comercios. Otro civil murió en los mismo disturbios.
De acuerdo a las informaciones suministradas por fuentes hospitalarias, son al menos 17 las personas que resultaron heridas de bala y se encuentran internadas con diversos pronósticos.
La Central Obrera Boliviana (COB), apoyada por la Confederación de Empresarios Privados (CEPB), convocante del paro general, volvió a exigir la renuncia del Presidente, a solo seis meses de haber iniciado su mandato, al responsabilizarlo por la violencia armada de la víspera en La Paz y la vecina ciudad de El Alto.
Tras tildarlo de "incapaz" y "soberbio", la COB propuso concentraciones populares en las nueve principales ciudades del país, donde no se descartan nuevos hechos de violencia y manifestaciones en los funerales de las personas muertas en la víspera. El líder campesino Evo Morales, principal figura de la oposición en el Congreso, se unió al pedido de dimisión del jefe de Estado y convocó igualmente a un corte nacional de rutas.
"El jefe de Estado pretende dar un autogolpe por vía de la clausura del Parlamento" ante la grave crisis que vive Bolivia, afirmó Morales basado en supuestos informes de "oficiales patriotas" del Ejército. También ejerce presión la populista Nueva Fuerza Republicana (NFR), que controla 22 de los 157 escaños del Congreso y que ha exigido la renuncia del presidente.
Sánchez de Lozada debe "buscar salidas constitucionales a la crisis pues la alternativa son más muertos", afirmó el vocero gubernamental Jorge Ritcher, quien aseguró que el Presidente "no piensa renunciar" y convocó a una conferencia a los líderes de los partidos del espectro político y organizaciones de la sociedad civil.
En medio de la crisis, Sánchez de Lozada recibió expresiones de solidaridad del papa Juan Pablo II; del titular de la OEA, César Gaviria y de los países del Mercosur y Chile, que expresaron su "profunda" preocupación por la situación. (Télam-Reuters-AFP)

Llamado internacional a la paz

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Grupo de Río expresaron el jueves su preocupación por los actos de violencia ocurridos en Bolivia.
"Un llamado a todos los sectores de la sociedad boliviana para que acepten el diálogo nacional propuesto por el presidente (Gonzalo) Sánchez de Lozada, se mantenga la calma y se encuentren soluciones pacíficas en un marco de respeto y preservación de la institucionalidad democrática", dijo una nota de la secretaria general de la CAN, con sede en Lima. La CAN está integrada por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
El Grupo de Río, que reúne a 19 países de Latinoamérica y que tiene en Perú a su sede temporal, manifestó por su parte en un comunicado "su profunda preocupación" por los hechos en Bolivia y deploró las pérdidas humanas en ese país. El grupo "insta también a todos los sectores sociales y políticos para que contribuyan al cese de los actos de violencia" en ese país.

No terminó el motín policial

Un acuerdo firmado en la madrugada del jueves entre el gobierno y líderes del motín policial que desencadenó los choques armados del miércoles puso fin al movimiento en la capital, aunque los reclamos seguían en el interior
Según dijo el comandante de la institución, general Edgar Pardo, el acuerdo incluyó algunas reivindicaciones, como el pago de un bono de seguridad, indemnizaciones a las familias de los policías muertos y heridos y asignaciones para la dotación de nuevos equipos y uniformes, entre otras.
Pero otros policías bolivianos amotinados se negaron a volver a sus actividades, pese al acuerdo y mantienen la exigencia de un incremento salarial del 40 por ciento. Unos 2.000 policías que continúan amotinados en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz de la Sierra, quienes pidieron hoy la renuncia del presidente.
Los policías de Santa Cruz también rompieron y pisotearon una copia del acuerdo.

Lula y las medidas amargas

BRASILIA (AFP) - El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, avisó ayer a los críticos de su gobierno que la situación económica "gravísima" heredada, requiere la adopción de soluciones "amargas" para controlar la inflación, disminuir el riesgo país y recuperar la confianza interna y externa en Brasil. "Recibimos una situación muy grave, yo diría gravísima", dijo Lula en la ceremonia de instauración del Consejo de Desarrollo Económico y Social que reunió a unas 500 personas representantes de la flor y nata de los sectores productivo, intelectual y social del país en el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia brasileña.
Son medidas "amargas que no nos gustaría hacer", pero son "imprescindibles para que la situación económica y financiera del país no salga de control", dijo el presidente .