Jueves 23 de enero de 2003
 

La batalla del "Río Negro"
 

Por Julio Rajneri
  Para algunas personas puede ser una simple cuestión de intereses empresarios.
Para otros puede ser un conflicto más de los habituales que enfrentan a la prensa con el poder público.
Pero "Río Negro" está librando una batalla importante, no contra el gobierno del Neuquén o su titular el señor Sobisch, sino contra un sistema generalizado en el país, que trata de ahogar la libertad de expresión mediante presiones económicas utilizando recursos del Estado.
Se trata de algo muy simple. "Río Negro" entiende que la utilización del erario público para premiar o castigar a los medios de comunicación por sus publicaciones o por sus opiniones, es violar la ley, atentar contra la libertad de expresión y destruir un fundamento esencial en el sistema democrático.
Si el gobierno de Neuquén consiguiera su objetivo de silenciarnos mediante la supresión de la publicidad a nuestro medio, la sociedad neuquina habría perdido el derecho a elegir el medio informativo de su preferencia y el acceso a opiniones diferentes de la de quienes ostentan el poder público.
Eso sería grave no solamente por el efecto directo de la supresión de un medio de prensa, sino por la intimidación y disuasión que ejercería respecto de cualquier otro medio de comunicación.
Sin solvencia económica no hay prensa libre y esto es más evidente si el medio necesita imperiosamente del Estado para su subsistencia.
No es nuestro caso afortunadamente, aunque esto no cambia los datos esenciales del problema y la calificación que merece la acción del gobierno. El gobierno de Neuquén, con la supresión de la publicidad, no está en condiciones de asfixiar económicamente a "Río Negro", y esto es importante decirlo cuando expresiones tendenciosas se inclinan a suponer lo contrario.
Nuestro punto fuerte ha sido siempre la credibilidad, por eso no vacilamos en dar a los lectores toda la información relativa a nuestra situación económica.
"Río Negro" tiene una economía totalmente estabilizada, no posee ninguna deuda externa o interna con ninguna entidad financiera, bancaria o proveedora de maquinarias.
La última cuota de su rotativa fue pagada en enero del año 2001.
La Editorial Río Negro tiene los créditos normales que provienen de la apertura de cartas de crédito para la provisión de papel, su principal insumo, y que mantiene a pesar de las condiciones de "default" en que se encuentra el país.
De manera que la contienda que está librando "Río Negro" no es producto de su desesperación por las consecuencias de la decisión del gobierno, sino por la reflexión serena y la convicción profunda de que resistir la arbitrariedad en la asignación de fondos públicos es indispensable para preservar el ámbito de libertad que requiere el periodismo.
Hoy "Río Negro" presenta un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia nacional para lograr la rectificación de la decisión del gobierno neuquino. Los fundamentos del recurso de amparo son suficientemente ilustrativos con respecto a su viabilidad y a sus posibilidades de éxito.
De todas maneras, si así no fuera, queda expedito el camino para la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con asiento en Washington, creada en 1959 con el objeto de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano.
Este diario presentaría el caso ante ese organismo en el supuesto de denegación o demora en expedirse por parte del máximo tribunal judicial del país, con el propósito deliberado de plantear un "leading case" que sirva para un pronunciamiento de esa Comisión y, en su caso, para que tenga intervención la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el gobierno argentino incumpliera las medidas que pudiera ordenar la Comisión Interamericana.
Esta Comisión es la encargada de aplicar e interpretar las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y entre los casos de violaciones de derechos humanos se cuentan los atentados contra la libertad de expresión.
La presentación tendría argumentos decisivos y contundentes.
Debemos recordar que la Comisión Interamericana hizo suya la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, donde se desarrollan en forma de regla los principios estructurales de esta potestad.
Uno de ellos, el inciso 13, establece como actitudes incompatibles con la libertad de expresión: "La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales...".
En los últimos años ha habido un avance sustancial y significativo en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional, y en ese plano nuevas instancias jurisdiccionales abren posibilidades de defensa más allá de las fronteras del propio país en convenciones que en este caso han sido suscriptas también por la Argentina.
Un pronunciamiento de esta naturaleza constituiría para el periodismo argentino un acontecimiento de trascendental importancia y estimularía vigorosamente a los medios de comunicación de todo el país, especialmente a aquellos más vulnerables y débiles ante el poder público, para restablecer su derecho a expresarse libremente y a defenderse de los acosos de los gobiernos que intentan convertir a la prensa en un instrumento dócil y domesticable.
Es una batalla importante en la cual nos sentimos acompañados por entidades nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión y una parte considerable de la sociedad neuquina, cuya solidaridad e interés por este caso han sido, sin ninguna duda, sobresaliente.
   
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